En un mundo sumido plenamente en la denominada globalización, el plan de Bolonia supone una ventaja evidente: cualquier profesional europeo dispondrá de una titulación universitaria reconocible en el resto de Europa que facilitará su integración laboral. Lo que en principio debería ser un gran avance para el ámbito profesional ha ocasionado, sin embargo, que sean muchas las voces que se han alzado en contra del proceso.
A priori, la adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior es un proceso ciertamente sencillo. Se necesita un sistema de equivalencias entre las titulaciones españolas y las europeas según tres niveles: grado, máster y doctorado. Según esto, la equiparación consiste en una mera correlación; a cada carrera se le asigna una de estas tres categorías, sin entrar en una posible reforma de los planes de estudio ni en las competencias profesionales.
Y en realidad ese es, en mi opinión, el origen del problema. Cuando surgió la puesta en marcha de este proceso, el gobierno de turno se planteó aprovechar la coyuntura para rehacerlo todo, lo que no ha pasado en otros países europeos. Sin embargo, en el caso de España se decidió seguir el modelo de Estados Unidos, con la diferencia de que aquí, en algunos casos, con el mero hecho de tener un título universitario ya se poseen atribuciones profesionales. El modelo americano supone, en cambio, que se requieran años de experiencia previa para habilitarse profesionalmente e incluso un examen, lo que se coordina por medio de las asociaciones profesionales. Esto mismo sucede con algunas profesiones en España, Medicina o Derecho, donde es necesario el llamado MIR o la pasantía, respectivamente.
Por ello, es en las denominadas atribuciones profesionales donde habría que arrojar luz para desenquistar el problema. Así, los profesionales de las ingenierías técnicas reclaman que sus atribuciones no queden limitadas en los futuros grados; esta circunstancia, no obstante, supondría un claro agravio comparativo con los titulados superiores que disponen de mayor formación y, según nuestro actual sistema, mayor capacitación profesional. No obstante, en mi opinión, y como miembro de un colegio profesional, considero que hubiera sido una buena oportunidad para fusionar los colegios profesionales de ingenieros técnicos con los superiores, aunando sinergias y abandonando viejas rencillas.
Pero no quedan aquí las múltiples críticas que rodean al plan de Bolonia; no conviene olvidar las que recuerdan que el coste económico de estudiar una carrera se incrementará. Si bien esto es así, hay que tener en cuenta que en conjunto se estudia durante más tiempo, con lo que es lógico que cueste más. Y es que el proceso también propugna cual debe ser la estrategia de docencia y aprendizaje: metodologías activas en las que se desarrollan trabajos de forma individual pero también se trabaja en equipo, se realizan dinámicas de grupo, estudio de casos, etc. Una forma de aprender novedosa pero que resulta complicado implantar porque supone conformar grupos reducidos, lo que implica más profesorado y un mayor coste.
Para una profesión como la mía, ingeniería de caminos, el proceso de Bolonia supone un cambio importante. Desde el punto de vista docente, que no puedo dejar de lado ya que actualmente desarrollo mi labor profesional en la universidad, supone casi una década de adaptación, sobre todo del profesorado. Por su parte, desde el punto de vista profesional implica que un ingeniero de obras públicas estudiará cuatro años mientras que el de caminos, canales y puertos lo hará en uno o dos años más; no obstante, los nuevos planes de estudio no supondrán variación en las atribuciones profesionales de ambas titulaciones, reflejadas en las respectivas órdenes ministeriales y en la legislación vigente. Se trata de un cambio que requerirá un gran esfuerzo por parte de todos, con la finalidad de abrir las puertas del espacio europeo a todos los profesionales en igualdad de condiciones. El futuro nos descubrirá si valió la pena.