Todo aquello que siendo un problema acuciante se aplaza para mejor ocasión, acaba rebrotando con fuerza inusitada cuando afrontar su solución es más inoportuno por las circunstancias del momento. Es el caso de la financiación de los ayuntamientos. Ningún gobierno se ha tomado en serio la necesidad de diseñar un modelo que resolviera las incertidumbres sobre la sostenibilidad económica de las administraciones locales mientras los esfuerzos se dedicaban a la financiación autonómica, revisada una y otra vez. Mientras la economía no ha dado señales de alarma, los ayuntamientos se han nutrido de las plusvalías que generaba el sector de la construcción. Pero una vez que éste ha entrado en una rápida y radical crisis, las arcas se han resentido en un sistema deficiente. Y ahora ¿qué? Los recortes en los ingresos del Estado condicionan salir en socorro de los ayuntamientos, y la debilidad económica de éstos arrastra a su vez a pequeñas y medianas empresas, que no pueden hacer efectivos los beneficios de sus contratos. Se genera así un círculo vicioso infernal: las empresas no aportan ingresos a la caja común, y ésta, vacía, no puede responder a sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los contratistas. De mantenerse esta situación por algún tiempo más empezarán a ponerse en riesgo servicios básicos de los ciudadanos, incluso aquéllos que aún no correspondiendo a la competencia municipal se han asumido sin necesidad real en busca del favor vecinal.