Difícil lo va a tener esta vez el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para no investigar si el PP se ha financiado irregularmente. Sólo errores formales o el convencimiento, a priori, de que los hechos que se le imputan a los querellados no constituyen delito alguno justificaría que la sala que preside Juan Luis de la Rúa -la misma que rechazó el informe policial de la Brigada de blanqueo de capitales en el que se basará la querella anunciada- se negara a indagar unos indicios documentados que sus señorías inadmitieron hace tres meses porque nada tenían que ver, explicaron a través de un auto, con el asunto de los trajes al que también acabaron dando carpetazo y que en estos momentos aguarda a que el Supremo decida sobre su reapertura.
Puesto que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió cuando el juez Garzón desgajó y remitió al TSJ la rama valenciana del Gürtel, no hay duda sobre la competencia del máximo órgano judicial de la Comunitat, el trámite que se abrirá reproducirá lo ya vivido durante la instrucción del cohecho impropio. Salvo sorpresas que, tratándose del TSJ, convendría no descartar, una vez nombrado el instructor e iniciada la investigación, los cinco aforados pasarán a imputados, una condición que tanto Camps como Costa tienen reciente. Lo que venga después puede que también guarde similitudes con el caso anterior, aunque en esta ocasión todo apunta a que será más complicado argumentarlo.
