Da la impresión de que el Mediterráneo sufre algún tipo de gafe en lo relacionado con la corrupción política. De arriba abajo, el mapa de todas las provincias que integran la franja litoral bañada por el Mare Nostrum puede ser pinchado con chinchetas rojas que señalan irregularidades y corruptelas de diversa intensidad y trascendencia. Pero no se trata de ningún determinismo geográfico. El potencial económico de Cataluña, Valencia, Murcia y la parte oriental de Andalucía es indiscutible y la gran actividad que se genera en la zona conlleva a la vez grandes oportunidades para quienes confunden los intereses públicos con los privados tanto desde el interior como desde las periferias de las administraciones. El caso Gürtel es la referencia más llamativa, pero no hay que despreciar otros exponentes. Así, el llamado caso Millet, en Cataluña, también pone en entredicho la honorabilidad de un gran número de dirigentes de las diversas fuerzas políticas catalanas y la actitud de los jueces que deciden la libertad de quienes han manejado a capricho fondos públicos y se niegan a declarar a qué manos han sido destinados. Decisión ésta que contrasta con la actitud de algunos jueces de la Región de Murcia, que por causas de menor trascendencia han puesto entre rejas en fase preventiva a algunos de los responsables. La imputación de la presidenta del Parlament Balear, María Antonia Munar, y del ex presidente del Consell balear, Jaume Matas, señala al otro lado de la orilla como un foco importante de corrupción política. Para completar el cuadro, la intervención en El Ejido, uno más de los múltiples «puntos rojos» de Almería o Málaga cierra la autopista de la corrupción desde Cataluña a Andalucía.