Según el último informe de Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 28 del índice de percepción de la corrupción en todo el mundo, igualada con Qatar y San Vicente. Este último informe, que corresponde a datos de 2008, indica que «España no ha ratificado todavía los convenios civiles y penales sobre la corrupción del Consejo de Europa». Y afirma con contundencia: « Pese a los innumerables escándalos de corrupción a nivel local que se han descubierto en los últimos años, la corrupción no parece haberse convertido en un tema prioritario de la agenda pública.» Efectivamente, mientras algunos jueces y los cuerpos policiales del Estado han destapado escándalos de corrupción de grandes proporciones, el poder político continúa mirando a otra parte. Aunque en el resto de España hayan aparecido ya casos, en Cataluña también hay, por más que durante años se haya tapado, haya pasado desapercibida o no haya existido voluntad investigadora. Las nueve personas detenidas ayer gozan de la presunción de inocencia, pero detrás hay una larga investigación que parte de una causa que el juez Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza el año 2005 en relación al blanqueo de capitales en paraísos fiscales, en los que se encuentra la isla de Jersey. Esta causa es independiente del caso Millet, urdido ante una pasividad impropia de un país democrático, pero sí que hay una coincidencia: destapar la corrupción ya no es tabú en el oasis catalán.
