Una sentencia revelada por Levante-EMV ha calentado la sesión de control al Consell y no precisamente por el caso Gürtel. El TSJ criticaba que Sanidad adquiere sus provisiones sin cumplir «estrictamente» los trámites previstos en la ley de contratos, un 5%, según la conselleria, al hacer los pedidos por teléfono y, luego, pagar la facturas. A esto se añadía el dato, también desvelado por este diario, de que acumula 579 sentencias que le condenan a pagar a sus proveedores intereses de demora y facturas. Esta ola llega justo cuando el departamento que dirige con rectitud Manuel Cervera había empezado a sacar cabeza del pozo del pago a sus acreedores y el plazo medio en hacerlo. Ambas noticias reflejan con crudeza el grave problema por el que atraviesa la sanidad pública, en general, y la valenciana, en particular. Este pilar fundamental del Estado de Bienestar está muy enfermo. Muchas empresas suministradoras y sus empleados deben estar viviendo del aire desde hace tiempo porque no cobran o cobran muy tarde. Los intereses de demora que ahora tendrá que pagar el Consell convierten, no en caro, en carísimo cualquier bisturí o medicina. Lo que se ha hecho —Gobierno y Consell— para ponerse al día en los pagos se revela escaso. Por otra parte, si la urgencia y el exceso de demanda hacen imposible cumplir la ley de contratos, algo habrá que cambiar para seguir sirviendo al ciudadano con presteza, aunque con las garantías que requiere cualquier adjudicación pública.