Llueve a cántaros, para beneficio de ignorantes y para regocijo de fascistas. La media entre cuarenta y setenta y dos horas: nuevo caso de corrupción que afecta, cómo no, a un ayuntamiento pequeño o medio y, de manera especial, a su concejal de urbanismo, a empresas del sector y a personajes de alcantarilla. Salió Madrid y Valencia, la trama Correa, salen otras comunidades y ayuntamientos, de todos los colores y todos los gustos. Y ahora le toca el turno a Cataluña, avisada desde aquel 3% profético del presidente Maragall, asustada porque nadie quería lavar trapos propios en informativos ajenos. Escribía Antonio Gramsci que existen tres razones para que un partido político se haga necesario históricamente, la primera, «un elemento difuso, de hombres comunes, medios, cuya participación viene dada por la disciplina y la fidelidad, no por el espíritu creador y altamente organizativo». Pues en esas estamos, en medio de elementos difusos, hombres y mujeres, disciplinados y fieles, pero poco creativos y organizados. Y, como decía Santo Tomás de Aquino, quien no es tentado no es probado. El desastre ocurre cuando la tentación se convierte en acto y, como consecuencia, en delito. Sin embargo, de ahí a la generalización de la maldad en la cosa pública hay un abismo. Sucede que en este país existe una fiscalía anticorrupción, desde los tiempos imperiales del gobierno del PP, que no tenía ni para lápices. A partir de abril de 2004, empezó a tener portaminas, ordenadores, policías y aparatos de escucha telefónica. Esos medios están ahora dando sus frutos: transparencia y persecución de los delincuentes, instrucción de casos y juicio para los que lo merecen. Los que buscan conspiraciones se darán de bruces con el estado de derecho, que funciona, y bien. Los demás deberíamos aplaudir.