Constructoras sin querella

Editorial

Los socialistas valencianos, de común acuerdo con Ferraz, están estudiando retirar de la querella que ha de presentar por la presunta financiación ilegal del PP reflejada en el informe policial del caso Gürtel a las empresas valencianas que vincula la policía con la trama. Los propietarios de las cuatro constructoras señaladas como presuntas financiadoras del PP ­–Lubasa, Facsa, Ortiz y Sedesa- habrían sido interrogados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el caso de que se admitiera a trámite la querella. Los socialistas denunciarán a todos los políticos, comenzando por el presidente Camps, vinculados con el caso Gürtel que aparecen en el informe policial, para que se investigue a fondo y nadie quede impune, según sus palabras. La querella incluye malversación de fondos, cohecho, delito fiscal y delito de alteración contable. Podrían incluso ampliar los cargos. El informe que los socialistas piden que se investigue llegó el pasado 31 de julio al TSJCV. Primero lo admitió, pero después aceptó un recurso de Camps y optó por rechazar el documento y derivarlo al tribunal homólogo de Madrid. La publicación por Levante-EMV de que la querella incluiría a los empresarios ­desató la alarma en el sector y en el seno del propio partido. Todo parece indicar que Ferraz y Blanquerías han llegado a un acuerdo para eliminar a las empresas constructoras de una querella anunciada por Alarte en Madrid y que a estas horas sigue cociéndose y sin presentarse.