Una vez más, los grupos más ultraconservadores y la jerarquía eclesiástica, con el PP a la cabeza, unen sus fuerzas y se movilizan para contrarrestar el avance de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, el gobierno, timorato donde los haya, no se atreve a llegar hasta el final en el reconocimiento del derecho a decidir en libertad y dignidad por parte de las mujeres. Más allá de toda la demagogia que envuelve a los grupos antielección y de los retrocesos importantes de esta ley en varios puntos respecto al anteproyecto original, el PSOE nuevamente ha desatendido las mejoras requeridas por el movimiento feminista. Y, una vez más, nuestro movimiento político y social está a la par con la vindicación de estos derechos, proponiendo un marco sanitario público que permita a las mujeres decidir sobre su sexualidad y maternidad; y exigiendo acabar, por un lado, con la inseguridad e incertidumbre jurídica actual que afecta tanto a las mujeres como a los y las profesionales de la sanidad y, por otro, con la falta de equidad entre las distintas comunidades autónomas.
¿Es alguien de dieciséis años una menor? Parece que éste es el gran debate de la nueva ley, un debate que deja de lado otros problemas de mayor calado. Creemos que la respuesta a la pregunta es sencilla. Las mujeres jóvenes son maduras para decisiones tan relevantes como mantener relaciones sexuales a partir de los trece años, casarse, ser madre y ejercer la patria potestad, hacer testamento y tener responsabilidad penal a los catorce años. También a partir de los dieciséis años pueden decidir acerca de intervenciones quirúrgicas sobre su propio cuerpo, como son los casos de aumento de pecho o reducción de estómago, e incluso decidir si aceptan o rechazan un tratamiento médico contra el cáncer. Si son adultas e incluso responsables penales para todos esos casos, también lo son para estar amparadas por la ley y, con todas las garantías sanitarias de la red pública, decidir si parir o no parir. Frente a toda la demagogia populista que emerge interesadamente ante este tema, es importante recordar la realidad que nos envuelve. En Suiza, Bélgica y el Reino Unido no es necesario el consentimiento del padre/madre para que las menores de dieciséis años puedan abortar. Incluso en el conservador EEUU diecinueve Estados poseen la misma legislación. En Holanda, Eslovaquia y la República Checa el consentimiento sólo es necesario para las menores de dieciséis años. En Dinamarca se requiere el consentimiento del padre o madre, pero si la menor se niega puede recurrir a un juez. En Finlandia, las menores pueden abortar hasta las 20 semanas de gestación, un plazo más amplio que para las mujeres adultas, y necesitan sólo el permiso del médico. ¿Por qué nosotras no? ¿Apostamos por mantener un modelo donde los abortos clandestinos de menores, con todos los riesgos que conllevan, continúen creciendo?
Entre la demagogia del PP y la cobardía del PSOE, y junto a las plataformas y movimientos feministas que no paran de vindicar los derechos de la mujer, EUPV continuará defendiendo en el Parlamento y en todos los espacios que ocupa la necesidad de una nueva ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que represente un avance real, sin recortes. Todos, y también todas, las que se oponen a un derecho básico de los seres humanos, como es la gestión y decisión sobre el propio cuerpo, deberían explicar por qué hoy, aún, consideran a las mujeres ciudadanas de segunda. Una vez más, otra ocasión perdida. Pero también, una vez más, EUPV continúa de verdad, sin mentiras electoralistas, al lado del movimiento feminista y del conjunto de las mujeres.
Àrea de la dona de EUPV