Algunos se precipitan al generalizar y otros parecen atacados por un brote de esquizofrenia calculadora: ven una multitud y la reducen al común denominador de cuatro gatos. La policía local y Juan Cotino contaron 2.500 manifestantes en la «procesión» del sábado contra la corrupción. Parece que todo dé igual, ocho que ochenta: mienten, claro está, manifiestamente. Pero a la descortesía del ninguneo de una significativa muestra legítimamente cabreada de la sociedad civil le añadieron una falacia toca narices: eran «radicales», afirman, luego… ¿Luego qué? No voy a perder el tiempo discutiendo la mayor, pero sí la conclusión: ¿Qué otra verdad se le añadiría al rechazo allí expresado si en lugar de «radicales» hubieran sido ciclistas, guardia civiles, monjas o militantes del PP? Y, por otra parte, ¿quiénes deberían expresar su rechazo para ser creíble, los tibios y contemporizadores?
Bien empezamos. En su primera rueda de prensa, que por lo expuesto más parece la última de su antecesor, Antonio Clemente manifestó que el Consell se va a preocupar de los «problemas reales» de los ciudadanos y no de «cosas marcianas» como la ley del aborto o la Alianza de Civilizaciones. Ya era hora. De momento ya han triplicado las ayudas a las asociaciones antiabortistas, ya veremos qué se les ocurre contra la civilización.
Santiago Grisolía le pide al Consell que se encargue de impulsar una «peli» de romanos sobre el asedio de Aníbal a Sagunt. ¡Eso faltaba, que les animen a seguir ocupándose de los problemas reales!
Digamos unas cuantas obviedades (más). Uno defiende los derechos individuales, incluso radicalmente. Pero uno («uno» es cualquiera) defiende también, en cuanto ciudadano del estado, un bien común superior que hay que proteger. No a cualquier precio ni de cualquier modo, sino según reglas establecidas por la «razón común» consensuada. Uno no aceptaría que le intervinieran el teléfono porque sí, pero sí porque en la persecución de un posible o probable delito, a instancias de los órganos competentes y con las garantías jurídicas acordadas, fuera necesario. En fin, que «uno» no entiende que Esteban González Pons, refiriéndose a la española, hable de «una sociedad vigilada», a no ser que tenga pruebas de escuchas no autorizadas y, por tanto, de un delito. La metáfora del Gran Hermano no estaba pensada para una «sociedad de primos».