Fenómenos naturales como el tsunami del Océano índico, con más de 150.000 víctimas, huracanes recurrentes en el Caribe y Centroamérica, inundaciones en Centroeuropa y Asia, incendios devastadores que asolan a Australia, California, Grecia, Francia o España, desastres nucleares como el de Chernobyl, accidentes dramáticos en medios de transportes, como el del metro el 3 de Junio de 2006 en Valencia con 43 víctimas en su haber, o los atentados terroristas del 11 de Septiembre en Nueva York, o el 11 de Marzo de 2004 en Madrid con el terrible resultado de 192 muertos y más de 1.500 heridos, exigen que las administraciones públicas se tomen en serio la respuesta a estos problemas en términos de protección civil.
La Ley 2/1985 sobre Protección Civil, promulgada por gobierno central socialista de Felipe González, se constituye como documento marco para el desarrollo organizativo y de planificación de la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente. A partir de aquí, el Estado, las Comunidades autónomas, municipios y empresas han desarrollado los planes territoriales, municipales, especiales y de autoprotección, al margen de sus colores políticos, inicialmente en una unidad de acción sin precedentes demostrando una madurez social y política inusual en nuestra época. Muestra de ejemplo, los múltiples planes territoriales y el plan de prevención de inundaciones de nuestra Comunidad, más conocido como Patricova, aprobado el 28 de Enero de 2.003.
Pero, mientras el Gobierno central socialista de José Luís Rodríguez Zapatero realiza un salto cualitativo, desde el punto de vista de protección civil, creando la Unidad Militar de Emergencias, por ley Orgánica 5/05 de Defensa nacional, cuyas actuaciones realizadas hasta la fecha contra los incendios e inundaciones han de ser calificadas de sobresalientes, y se implanta en todo el territorio nacional el Servicio de emergencias del 112, observamos con profunda decepción, cómo en nuestra Comunidad el descontrol y la avaricia en las promociones urbanísticas de los años del crecimiento económico han ido más lejos de lo que se pensaba; las construcciones, que se han levantado en zonas que advertía como inundables el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova), llaman a la preocupación porque estamos ante un claro ejemplo de que el Gobierno de la Generalitat está incumpliendo, a sabiendas, sus propios acuerdos al respecto. Además, el portavoz de Medio Ambiente del PSPV en Les Corts, Francesc Signes, ha denunciado que seis años después de que se aprobara el Plan, la Generalitat sólo ha ejecutado siete obras de las 85 que debería haber desarrollado, vulnerando directamente la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de inundaciones [SEC(2006)66].
No se nos escapa, tampoco, la responsabilidad que el Ayuntamiento de Valencia elude en las fiestas de las Fallas en Valencia, con un Protocolo de Actuación que redacta el Servicio Municipal de Protección Civil, que en ningún momento se cuestiona, pero que, a mi juicio, dista bastante de la realidad. Los innumerables cortes injustificados de calles, primarias y secundarias, y plazas, con los monumentos falleros y carpas de casals falleros obstruyendo bies, bocas de incendio, salidas de emergencias y el tránsito normal de bomberos, ambulancias y policía, vulneran el más mínimo sentido común de racionalidad dejando expuesta a la población a un alto e intolerable riesgo de inseguridad ciudadana y desprotección civil que, algún día nos dará un susto o desgracia monumental.
En esta Comunidad, todo queda en la confianza de un maldito/bendito, aquí, nunca pasa nada. Ante las inundaciones y para el próximo año, en Fallas, que Dios nos proteja.
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