La querella y la guerra

En el proceso de «manos limpias» emprendido por la dirección de los socialistas valencianos, el último eslabón judicial concierne a la querella presentada ayer contra los dirigentes del PP y las empresas valencianas vinculadas al caso Gürtel a través del grupo parlamentario, cuya cabeza visible es Ángel Luna. La vía política corre en paralelo sobre esa terminal, pero descansa sobre bases muy frágiles, puesto que la comisión de investigación ­–que suele ocuparse más del aparato gestual que de la indagación eficiente– rebota sobre la mayoría absoluta del PP, lo que aumenta las contingencias fabuladoras y cercena las posibilidades de fiscalización.
El alma de la querella «socialista» apunta a la presunta financiación irregular del PP, pero su encriptado epílogo trata de instaurar una purga totalizadora sobre las desviaciones de los malhechores –los dirigentes del PP colaboradores de las tramas corruptas– y busca aleccionar a la sociedad sobre las impunidades cometidas y la necesidad de purificación del sistema político.
Nadie puede objetar los principios que animan la denuncia, aunque existan brazos del Estado dedicados a perseguir los delitos que ensambla la querella. La Fiscalía, sin ir más lejos. En este caso, además, el Supremo estudia el recurso –presentado por el mismo PSOE y la Fiscalía– sobre el archivo de la causa del TSJ en torno a los trajes de Camps y Madrid aún escruta la monumental parte del sumario referida a la presunta financiación ilegal. Esas conclusiones judiciales todavía no han visto la luz. Hay material suficiente para que la oposición precipite sus excelencias reprobatorias y acorrale al PP. ¿Cuál es el sentido estratégico –político– de la querella? Se desconoce. El mapa de riesgos no está cubierto: el TSJ desestimó el informe policial en el que se cimenta la demanda de los socialistas, por lo que no resularía improbable que la rehusara. Sería su segundo revés judicial, después del caso de lo trajes. ¿Qué sucederá entonces? Acometer la vía judicial, desde un partido político, constituye un lance azaroso. Se puede volver contra la fuerza política a poco que cambien las circunstancias: la hipoteca a corto plazo acaba pasando factura si no se logra el fin deseado. El PSOE de Madrid ha cuestionado la idea de Alarte, que está atrapado en su compromiso: anunció la demanda a bombo y platillo ante la prensa madrileña.
Los socialistas, además, han colocado contra la pared a las empresas valencianas que aparecen en el informe policial pese a escuchar el ruido de sables del sector (uno de los grandes patrones llamó al líder del PSPV para transmitirle su inquietud) y la misma Cámara de Comercio alertó ayer sobre la sobra de duda que se extiende sobre su ramo. La agitación en los manteles empresariales germina junto a la desconfianza que se esparce sobre el PSPV.
Laa guerra con el PP va a ser total. Comenzó ayer mismo y el incendio perdurará. Cualquier posibilidad de pacto –el de las cajas, sobrevolando la fusión, es uno de los primeros– se ha deshecho como un azucarillo. Aunque ese ámbito, el de las cajas, tampoco ha de preocuparle al PSPV. Los socialistas censuran la idea de la fusión Bancaja/CAM como si se tratara de un desquite infantil, un escarmiento al Consell por no avanzarle sus intenciones. La posible pérdida de un ámbito territorial crucial para los intereses autonómicos y el escudo ante las injerencias que podrían desplazar los centros de decisión a otras comunidades no parecen suficientes motivos para revestir de virtudes un objetivo común.