¡Ay! los funcionarios

Según parece, cerca del 25% del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana ya no corre a cargo de funcionarios. El esfuerzo privatizador de los dirigentes populares está dando sus frutos y ha conseguido poner en manos privadas una parcela importante de la atención de la salud de los valencianos. Estos datos nos confirmar que junto a Madrid, Valencia encabeza los procesos de privatización de la sanidad pública.
Los últimos informes comparativos realizados por expertos en calidad asistencial sitúan a la sanidad valenciana en la cola de las autonomías. Todos los indicadores confirman una posición de desventaja respecto a otras Comunidades. Con este resultado parece que se desmorona uno de los mitos acerca de la ineficacia de los funcionarios frente a la iniciativa privada; no existe correlación entre eficacia y gestión privada, al menos en lo que se refiere a dispensación del bienestar. Una auténtica lastima, ya que en principio estamos predispuestos a culpar de todos los males a ese señor de negro empeñado en el «vuelva usted mañana», que se lleva una buena parte de nuestros impuestos, además y, sobre todo, es inamovible de su puesto de trabajo. Hay que ver lo que nos cuesta identificar bajo ese concepto a los miles de médicos, maestros, trabajadores sociales y otros técnicos que ejercen dignamente su profesión con eficacia, esfuerzo y enorme preparación profesional acreditada mediante sistemas de selección competitivos que no se producen en otros ámbitos.
Parece algo extraño, pero actualmente la defensa del funcionario se ha convertido en una excentricidad, no es nada popular defender a la función pública; en cambio existe enorme sintonía en la crítica y el descrédito de aquellos que trabajan para la administración pública. Me gustaría aportar algún elemento de reflexión acerca de este tema, como apuntaba con anterioridad. La mayor parte de los funcionarios, en la actualidad, ya no son señores con manguitos, que trabajan en una oficina, la mayoría de los empleados públicos son profesionales de la salud, educación, servicios sociales y también de las fuerzas de orden público, que realizan tareas indispensables para el sostenimiento de los diferentes servicios públicos.
En cuanto al controvertido tema de la inamovilidad del puesto de trabajo, conviene tener en cuenta lo siguiente: Una administración pública en la que las garantías de imparcialidad no descansen en la independencia del funcionario corre el riesgo de convertirlos en asalariados del partido que ha ganado las elecciones, con todos los riesgos que esto conlleva. Es necesario no repetir errores del pasado y ser conscientes de que modelos como las cesantías del siglo diecinueve no conducen nada más que a administraciones ineficaces por partidistas y además están abocadas a gestionar el bien público desde una visión sesgada del interés de la colectividad.