La campaña del PP sobre las escuchas telefónicas, cuestionando, sólo para salvar a algunos de los suyos, la legalidad de un sistema bendecido por el Tribunal Supremo, y dando armas para dejar temblando docenas de procesos (que pueden ir del narcotráfico al terrorismo), es de irresponsabilidad y oportunismo asombrosos. Y, sin embargo, el asunto de fondo es de los que de veras merecen debate en una sociedad democrática. El que todas las conversaciones de alguien sobre el que recaen sospechas de implicación en un delito -por tanto, ni siquiera un presunto delincuente- sean grabadas, analizadas por la Policía y, con bastante probabilidad (dados los agujeros que hay en la manguera) hasta acaben siendo exhibidas en la plaza pública, incluyendo el culebrón tanto su intimidad delictiva como la que no lo es en absoluto, mete miedo y proyecta sobre todos la sombra del Gran Hermano de verdad.