¿Razón de Estado?

El Estado (léase, el Gobierno) tiene razones que la razón y los ciudadanos no entienden. Me refiero a cómo están gestionando el caso del secuestro del atunero vasco «Alakrana». Cuarenta días después del secuestro, Zapatero pide paciencia y prudencia; pide paciencia a los familiares de los marineros que estando en manos de los piratas y exige prudencia a los periodistas que estamos contando lo que pasa. Tengo para mi que en este asunto de los piratas alguien está intentado a toda máquina reparar el error de quien solicitó la presencia en Madrid ante la Audiencia Nacional de los dos filibusteros que había sido detenidos por la Armada. Que no fue Garzón, como interesadamente se dijo en los primeros momentos. Alguien, digo, está intentado reparar aquella decisión precipitada y a al hacerlo está forzando las costuras del Estado de derecho. Ha trascendido que sobre la marcha podrían estar improvisando un convenio de extradición con Somalia, un Estado fantasma con el que España interrumpió sus relaciones diplomáticas en 1991 y cuyas autoridades conviven con naturalidad con la piratería, que, por cierto, es uno de los negocios tolerados en la región.
Las maniobras de las últimas horas en el laboratorio del Ministerio de Justicia parece que van en esa dirección. No es seguro que la extradición a Somalia de los dos piratas que estan en España vaya a resolver el secuestro. Lo piden los secuestradores -y, lógicamente, lo alientan las familias de los marineros secuestrados-, pero si no va acompañado del pago de un rescate, no resolvera el problema. Y, aún, así, -en el mejor de los casos- abrirá un nuevo debate: ¿Debe el Estado ceder al chantaje de los piratas y pagar los millones que exigen sin hacer nada, después, para apresarlos y recuperar el dinero?
Cualquiera que sea la opinión del presidente del Gobierno sobre este asunto, tengo para mi que es legitimo que en una sociedad libre se plantéen libremente éstas y otras dudas relacionadas con la gestión de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Pues porque la transparencia de los asuntos públicos es la mejor garantía de la democracia. Episodios recientes de la Historia de España nos invitan a recelar de quienes invocan la llamada «razón de Estado», para resolver problemas que ellos mismo han enmarañado.