El equipo de Jorge Alarte se lo debió de pensar mucho para decidirse. Que se recuerde, no hay constancia de que un partido político acuse a otro, con nombres, apellidos y cargos, de presuntos delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ahí es nada. Además, los señalados son quienes rigen el Consell, quienes en buena medida tienen en sus manos el pulso económico y social de la Comunitat Valenciana. Además, por si falta poco, y también por primera vez, al menos, con esta osadía, se señala a cinco grandes empresas valencianas como financiadoras del PP. Pese a la envergadura de la decisión, Alarte tuvo que vencer, también, la opinión contraria del PSOE. La intención declarada del secretario general, que está convencido de que no tendrá ninguna rentabilidad electoral su acción, es regenerar la vida política y limpiar las prácticas corruptas. Como era de suponer, el PP ha reaccionado arremetiendo contra ayuntamientos gobernados por el PSOE. Los empresarios, aludidos o no, tampoco se han quedado cruzados de brazos. La ruptura del necesario diálogo entre las dos principales fuerzas políticas va a afectar ahora, más si cabe, a diversos aspectos de la vida social y económica. El PSOE podría verse excluido de la renovación de los órganos de Gobierno de las cajas de ahorro. La querella, además, ha abierto una brecha en el partido socialista al cuestionarla uno de sus firmantes, el diputado Joaquín Puig.
