Desafección, regeneración, gestión

José Morgan García

Desafección y regeneración política son términos que están últimamente en boca de todos, tratando de alguna manera de vincular a la escalada de casos de corrupción reciente Pretoria, Gürtel, etc., la en realidad estructural falta de interés social por la política y el alejamiento de sus instituciones.
Sin embargo sí existe un único termómetro objetivamente válido, más allá de las variables encuestas, que pueda medir el interés ciudadano; éste sin duda alguna es el índice de participación que se da en las citas electorales. Y en este punto, tirando de archivo y situándonos en el ámbito valenciano, exceptuando las convocatorias europeas, el nivel de abstención nunca ha superado el 30% del censo. Así, en las pasadas elecciones generales de 2008 el nivel se situó en su índice más bajo de abstencionismo –el 21,2%– desde las generales de 1993, donde se limitó a un 18%, aquellas elecciones en las que en la Comunitat Valenciana ganó por primera vez el Partido Popular, en el marco de una confrontación tan bipolarizada que nos trajo el primer debate televisado entre el presidente del Gobierno y el aspirante a la Moncloa.
El análisis detallado de estas cifras revela, al menos en lo que en al ámbito valenciano se refiere, que ese supuesto axioma tan recurrente desde la izquierda durante las campañas electorales de que la participación juega a su favor es objetivamente inexacto.
Al margen de la cuestión estadística, en el pensamiento y en la opinión circula como uno de los antídotos aplicable a la desafección, la regeneración, entendida ésta como la necesidad de abordar las reformas institucionales de carácter estructural. Así, se plantean cuestiones pendientes desde la puesta en funcionamiento del sistema constitucional tales como la reforma del Senado, la necesaria despolitización de la justicia o la reforma de la ley electoral con vistas a una profundización en la relación del elector con los candidatos a través de las listas abiertas y una necesaria corrección en cuanto a la merma representativa que sufren algunas formaciones políticas que obtienen más voto popular pero que su dispersión les hace obtener una paupérrima representación.
Es bien cierto que el desarrollo del título VIII de la Constitución ha dejado al Senado en una situación de tierra de nadie entre cámara de representación territorial y de segunda lectura sin que nos sea fácil advertir una naturaleza precisa. La despolitización fundamentalmente a la hora de designar a los miembros tanto del Gobierno de los jueces, así como del Tribunal Constitucional, o el problema de la dependencia jerárquica del ministerio fiscal que tan patente se ha hecho recientemente en reiteradas ocasiones son materias necesariamente reformables.
En cuanto a la cuestión de las listas abiertas, si desde la teoría parece algo razonable, basta con analizar el patrón de voto que se sigue a la hora de elegir senadores, y a la vista de los resultados, obtienen más apoyo los situados en primer lugar por orden alfabético, al menos nos siembra una inquietante duda acerca de las ventajas de la reforma. Frente a esta agenda de reformas faraónicas del sistema chocamos con la realidad cotidiana que quizá frente a regeneración lo que demande sea gestión, gestión diaria desde los instrumentos válidos que para la función política encaminada a solucionar los problemas que sufre la sociedad en estos momentos disponemos. Quizá sea la forma más simple, sin renunciar a las reformas, de acercar la política a la sociedad y dotarla de un reconocible prestigio.

Miembro de la asociación Joventut i Política