Navegar por Internet debería ser tan libre y gratuíto como circular por la N-340. Así lo entienden muchos alcaldes, que han visto en el Plan Zapatero-2 (Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local) la posibilidad de ofrecer Wi-Fi gratuíto a sus ciudadanos. Pero no. No puede ser. La Ley, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y las operadoras se oponen.
Para saltar tan anacrónica oposición son varios los modelos, unos más ingeniosos que otros, que están adoptándose en diferentes municipios españoles: desde la creación de sociedades mixtas que cobran a los usuarios, hasta formatos de gratis total que apenas tienen tiempo de prosperar porque la CMT impone su cierre inmediato, siempre por denuncia de un oprador privado, por competencia desleal.
El Secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha expresado en más de una ocasión la preocupación que le han manifestado las operadoras ante la decisión del Gobierno de orientar las inversiones del Plan Zapatero-2 hacia las iniciativas de este tipo, aunque admite que por parte del Ministerio «no se puede impedir» que un ayuntamiento despliegue una red inalámbrica. Pero Ros cierra la cuestión afirmando que «lo que tienen que hacer los ayuntamientos es facilitar recursos para desplegar redes, porque cuando un municipio ha querido ser un operador lo que inicialmente ha sido un éxito se ha convertido después en un fracaso».
Se impone, por tanto, la imaginación. El Ayuntamiento de Avilés, por ejemplo, desplegará un Wi-Fi que se sostendrá económicamente con publicidad de terceros, pero los patrocinadores no podrán ser empresas públicas municipales, fundaciones ni públicas ni privadas que reciban alguna subvención local, cajas de ahorros controladas por el consistorio ni tampoco empresas privadas que tengan algún tipo de contrato con el Ayuntamiento. Barcelona ofrecerá Wi-Fi gratuíto desde los 500 edificios de titularidad municipal (sedes administrativas, centros culturales y sociales, bibliotecas…) pero los usuarios no podrán descargar ni música ni películas y su navegación estará limitada a 60 minutos por terminal-usuario-día. En este caso, el acceso a internet sólo funcionará durante el horario de apertura de los espacios municipales.
La Cumbre de Lisboa de la UE del año 2000 fijó como objetivo estratégico para la década convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. En la recta de final de década sabemos que en Japón 8 millones de hogares ya acceden a Internet con una potencia de conexión de 1 Gigabit y otro tanto ocure con un tercio de los hogares de Corea. En España apenas se garantiza un ancho de banda de 3 Megas y las operadoras no permiten que los Ayuntamientos financien un acceso ni siquiera de 1 Mega.
Sencillamente, no puede ser. Y la solución es sencilla: bastaría con equiparar «el primer Mega», con la N-340 y el «más allá del tercer Mega» con la AP-7. Es decir, el primer Mega servicio público y a partir de ahí, mercado.
Director de Auriba, comunicación y tecnología
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