Impuestos municipales más justos

En plena situación de crisis económica y social que está agrandando la brecha entre quienes tienen más y quienes ni siquiera pueden acceder a un trabajo digno, correspondería a los ayuntamientos, por ser las administraciones más próximas a la población, hacer un especial esfuerzo para proteger la calidad de vida de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, las previsiones de ingresos y gastos para el 2010 efectuadas ante la opinión pública por muchos ayuntamientos parecen no contemplar esta motivación, incluso en los casos de aquellos ayuntamientos que se consideran progresistas.
Así, en lugar de un sistema impositivo municipal que grave más a quien más tiene lo que se anuncia es la intención de congelar las principales tasas e impuestos municipales, o bien disminuir su cuantía de forma testimonial, pero eso sí, aplicando estos descuentos a todos los contribuyentes por igual, con independencia de su situación económica.
Manera de proceder que resulta doblemente contraproducente. Primero, porque lejos de equilibrar mantiene o incrementa las desigualdades económicas existentes en la población. Y en segundo lugar pero no menos importante, porque al reducir los ingresos municipales, lo que en realidad se está haciendo es favorecer privatizaciones y recortes de aquellos servicios y prestaciones públicas municipales que suelen resultar más necesarias cuanto menos capacidad económica poseen los ciudadanos y ciudadanas.
Esta política tributaria que favorece a los que más tienen viene acompañada, además, por un sistema de exenciones y bonificaciones tributarias en el que el nivel de renta sigue sin ser un factor principal. Es el caso, en particular, de uno de los principales gravámenes municipales como es el Impuesto de Bienes Inmuebles, así como de otros impuestos y tasas sobre construcciones, agua potable, basuras o alcantarillado.
Según la normativa aplicada, estos impuestos, en lugar de bonificarse en función de la situación fiscal y patrimonial de las personas contribuyentes, fijan descuentos y exenciones para dos únicos colectivos: pensionistas y familias numerosas, sin apenas importar la capacidad económica y patrimonial que puedan tener unos u otras. En cambio, ser familia monoparental, o parado/a, mileurista o simplemente pobre no se considera razón suficiente para tener derecho a ningún descuento.
Obviamente, lo que se consigue así es favorecer que los más ricos lo sigan siendo cada vez más a costa de penalizar a los que menos tienen, por mucho que se trate de endulzar esta penalización estableciendo, por ejemplo, mecanismos de pago fraccionado para perjudicar menos las economías domésticas, o algún tipo de ayudas sociales para algunos casos más desesperados.
Por otra parte, si consideramos no sólo este tipo de impuestos municipales, que en conjunto pueden llegar a suponer un 50% de los recursos disponibles cada año para un Ayuntamiento para el desarrollo de sus prestaciones y servicios, sino también las políticas de gasto realizadas con lo recaudado la situación puede empeorar bastante, ante la ausencia de políticas municipales realmente dirigidas a promover el empleo, la participación ciudadana y la mejora de los servicios públicos.
Sin embargo, casi ninguna de estas cuestiones parece merecer la atención de los grandes debates presupuestarios en los plenos municipales ni se menciona en la propaganda difundida a la opinión pública. Esto tenemos que cambiarlo más pronto que tarde, por la cuenta que nos trae.