En un alarde de irresponsabilidad sin cuento el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps, puso ayer a la segunda caja de ahorros de la Comunitat Valenciana a los pies de los caballos. Para justificar la última opción de fusión que promueve el ejecutivo, no dudó en cuestionar los resultados que pueda obtener la CAM en el próximo ejercicio. ¿Qué hizo el Gobierno de Francisco Camps al comprender el infernal mecanismo de descrédito que había puesto marcha un político que hace años que debería estar cuidando su salud en vez de desatender, como acostumbra, la de la economía valenciana? Negar la mayor. Aseverar en una elíptica nota de prensa que tales palabras hubieran sido pronunciadas, como así fue ante una docena larga de periodistas.
Política del avestruz que podría llevarnos ante la paradoja de que la caja de ahorros afectada por tan grave irresponsabilidad emprendiera acciones legales contra el conseller de Economía en ejercicio «si se vieran perjudicados los intereses de sus clientes, trabajadores o cuota de partícipes», como afirmaba en el comunicado que se vio en la imperiosa necesidad de emitir. Extremo éste de los perjuicios nada descartable si tenemos en cuenta precedentes recientes. La enervante novedad del caso es que es el propio Gobierno, el mismo Consell que la ha utilizado para un roto y un descosido, el que la desestabiliza. Simplemente porque no da con la fórmula para conservarla bajo su control.