Higiene democrática

Parece estar difundiéndose en amplios sectores de la opinión pública valenciana y en cierto modo de la española en general, la idea de que la oleada de corruptelas que se vienen destapando en estos últimos meses ha sido provocada por la burbuja inmobiliaria que ha acompañado al crecimiento económico incontrolado y lleno de excesos de la última década. Un estado de cosas que está socavando de forma preocupante las débiles bases del ordenamiento político que iniciamos los españoles hace treinta años, con la ilusionante transición democrática.
Pesimismo, tristeza, desencanto y otros términos parecidos que se vienen repitiendo en los medios de comunicación, revelan unos estados de ánimo en amplios sectores de la ciudadanía, que adquieren su más dramática expresión en el contexto actual de crisis económica y empleo a la que no se ve, por ahora, salida fácil.
Sin embargo, bien pudiera ser que esta pesimista manera de interpretar la situación política, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, se encuentre bastante lejos de reflejar con precisión la realidad social y política, y que es altamente probable que la joven y todavía inmadura democracia española salga más bien reforzada en breve plazo del actual destape de corruptelas ligadas a la financiación de partidos políticos y al venal enriquecimiento de algunos políticos y de los empresarios y directivos vinculados a esa trama de corrupción política.
Y es que frente a las visiones maniqueas de malos y buenos, de explotadores y explotados, de capitalismo y utopías antisistema, las sociedades democráticas contemporáneas como la española, asentadas en dosis variables en principios y valores de corte liberal y socialdemócrata, se entienden mejor si aceptamos que los ciclos expansivos y los excesos económicos que los acompañan, vienen seguidos de ciclos regresivos y críticos que propician comportamientos y reglas de juego más cautelosas que se seguirán hasta que el siguiente ciclo expansivo favorezca nuevamente los excesos.
Por eso parece más apropiado entender las oleadas de corruptelas que se vienen destapando recientemente, como un doloroso e inevitable proceso de ajuste que obligará a los partidos políticos, como de hecho está ocurriendo ya, a establecer pactos anticorrupción y nuevos y mejores acuerdos reglamentarios en la compleja vida parlamentaria. Proceso que dará paso a una etapa de higiene democrática que en el caso español debería permitir cuanto antes concentrarse en los graves y no cíclicos problemas estructurales, tales como la pobre capacidad de la economía española para crear empleo estable y de calidad, al contrario de lo que ocurre en los países europeos que ya han comenzado a salir de la recesión.
Si de algo sirven las comparaciones estadísticas internacionales, conviene recordar que España se encuentra en una posición intermedia en el ordenamiento de los países según el Índice de Percepción de la Corrupción 2009, lo que ayudaría a relativizar esa lacra tan humana y universal de la codicia y del engaño. Sin embargo, ocupamos las últimas posiciones por lo que se refiere a empleo estable y desarrollo e innovaciones en ciencia y tecnología, ya que como es bien sabido lideramos la tasa de paro entre el conjunto de los países más desarrollados, y la inversión española en I+D sólo representa poco más del uno por ciento de lo que se invierte en el conjunto de la UE en estas cruciales actividades investigadoras. En consecuencia, urge cuanto antes reducir la prioridad política y mediática que se viene dando a la corrupción, para centrar la atención en esos problemas estructurales cuya solución no sólo ayudaría a paliar la crisis económica y de empleo, como también contribuiría a mejorar la propia calidad de la vida democrática.