Sobre la nueva ley de tráfico

El pasado 29 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Vial. Todo empezó con el permiso por puntos. Cuando se puso en marcha nos dimos cuenta de que tardábamos entre cinco meses y dos años en que las resoluciones se convirtieran en firmes y poder restar los puntos y todos los manuales nos decían que la inmediatez entre la infracción y la sanción era un elemento básico e indispensable por la pedagogía y eficacia del sistema.
El texto que llevamos en el Congreso había sido consensuado con el Gobierno vasco y con la Generalitat de Cataluña porque tenían las competencias transferidas y con los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, entre otros, porque había muchos temas urbanos y ellos eran los que mejor los conocían.
Es verdad que la tramitación fue complicada, que hubo un momento en que todos creíamos que habíamos entrado un caballo de carreras y nos podían devolver un camello después de la negociación, pero al final se impuso el sentido común y pudimos decir lo de que bien está lo que bien acaba.
El gran objetivo de la ley es hacer todo más sencillo porque en un mundo cada vez más complejo la obligación de las administraciones es hacer sencillo lo complicado y no hacer más complicado lo que ya es complicado y porque en una norma dirigida a los 25 millones de conductores las reglas de juego deben ser y estar claras para todo el mundo lo pueda entender y no sólo los especialistas.
Será más fácil conocer y saber las denuncias que uno pueda tener porque abre la posibilidad de notificar por correo electrónico. Poco a poco, se quiere ir sustituyendo la dirección postal para la dirección electrónica. Para las personas jurídicas será obligatorio y para las personas físicas será voluntario, y las administraciones tendrán que convencerlas de las ventajas de hacerlo. Y si quieren también les podremos avisar por un mensaje al teléfono móvil. Esto necesitará un tiempo de preparación y será posible un año después de la publicación de la ley. Éste es el reto para las administraciones.
Será más cómodo para el ciudadano pagar si se está de acuerdo. Lo podrá hacer con tarjeta de crédito en la misma carretera o por Internet en su casa, y dentro de los quince días siguientes. Y con un mayor descuento porque si la Administración se ahorra tiempo y papeleo es lógico y razonable que lo comparta con el ciudadano.
Claro que podrán seguir presentándose las alegaciones y los recursos si uno no está de acuerdo, pero los plazos se acortan bastante y todos debemos ser capaces de cerrar los expedientes en menos de cinco meses. Todos ganamos.
Las cuantías de las multas son más claras. Hasta ahora, las leves eran hasta 90 euros, las graves entre 91 y 300 euros y las muy graves entre 301 y 600 euros. Como las sanciones económicas las ponían las diferentes administraciones, nos encontrábamos que la misma infracción podía y de hecho tenía una sanción diferente según dónde hubiera sido cometida. La claridad de las reglas de juego y la aplicación de los programas informáticos nos exigían y justificaban que lo arreglásemos. Ahora, a los seis meses de la publicación de la ley, las leves serán hasta 100 euros, todas las graves serán de 200 euros y las muy graves costarán 500 euros. Al haber aumentado el descuento, la verdad es que las sanciones no suben, pero todos juntos seremos más eficaces.
Se actualizan las infracciones como se hace siempre que se modifica la Ley de Seguridad Vial, pero sólo lo hemos hecho para elevar de leve a grave el estacionar en las reservas de discapacitados porque la sensibilidad hacia este colectivo cada vez es mayor; para incorporar como infracción grave el programar el navegador conduciendo porque es una distracción asimilable al uso del teléfono móvil al volante; para introducir la obligación de tener la matrícula legible porque con los radares cada vez había más matrículas ilegibles de forma intencionada; y para dejar bien claro como infracción leve que todas las bicicletas, para circular de noche, deben llevar luz delante y reflectores. Esto también será a partir de los seis meses de su publicación para poderlo explicar y adecuar los programas informáticos de las administraciones.
Y como el permiso por puntos va bien, se reducen de 27 a 20 las infracciones que conllevan pérdida de puntos para aliviar esto y simplificarlo. Son aquellas en que la experiencia acumulada nos ha dicho que no son significativas o importantes para el funcionamiento del sistema, como la conducción negligente, las que se refieren al alumbrado o los estacionamientos o circular por autovías o autopistas con tractores o ciclomotores. Y lo que es más importante, ya no habrá más suspensiones de los permisos por infracciones graves o muy graves porque ya basta con la correspondiente pérdida de puntos y si reincide bastante en las infracciones que afectan a la seguridad vial los perderá todos y con ellos el permiso. Atención, porque el año pasado hubo más de 120.000 resoluciones de suspensión de permisos. Todos ganamos.
Y el nuevo sistema será más justo y solidario porque había un 25% de conductores que se escabullía aprovechándose del papeleo administrativo y los que pagamos queremos que todo el mundo pague y no es de recibo que unos sí y los otros no. Un país serio debe guiarse y conseguir aquello de «todos iguales ante la ley».
Llegado a este punto, ya sabemos y contamos con que se dirá que todo lo hacemos por afán recaudatorio y que nosotros explicaremos que el permiso por puntos no supuso más ingresos, que el Código Penal pasó al ámbito judicial lo que antes eran multas administrativas, rebajando los ingresos, que la propia ley dice que todo lo que se recaude por multas al Estado irá destinado a programas de prevención de accidentes, seguridad vial y actuaciones de las víctimas y que todos los funcionarios que trabajan para conseguir que no haya tantos accidentes y víctimas no se merecen que se les diga que sólo lo hacen para recaudar más. También explicaremos que si hay más recaudación es solo porque hay más radares y va de suyo, pero cuando te ponen una multa es más fácil decir que es por afán recaudatorio que reconocer que has infringido y te han visto. Forma parte de la condición humana.
Como dijo un diputado en su intervención, esta ley es una herramienta portento y moderna que el Congreso de los Diputados pone al alcance de las administraciones y es a éstas a quienes corresponde hacer un buen uso. Sólo el transcurso del tiempo nos dirá si hemos estado a la altura.