Cada vez que el PP ha presentado los presupuestos públicos ha caído en los mismos errores que pagamos la ciudadanía. Los problemas económicos que tiene nuestra Comunitat son muy evidentes y tanto sindicatos como empresarios claman por un cambio de rumbo.
La Comunitat Valenciana lidera las tasas de desempleo con fluctuaciones que solo son justificables por la delicada situación que padece la base económica sobre la que se sustenta la economía real de este país. Un exceso de inversión pública en sectores con mano de obra intensiva, como es el caso de la construcción, de los servicios vinculados al turismo y el ocio y los acontecimientos puntuales avalados por el Consell, produce una absorción compulsiva de mano de obra no cualificada cuya continuidad es muy insegura, dados los factores que determinan su sostenibilidad en el tiempo. La dependencia de estos sectores de la existencia de excedentes de ahorro entre la población hace que cualquier deterioro de la situación económica que merme este excedente tenga un efecto igualmente compulsivo en la pérdida de empleo, pérdida que cuesta más recuperar que perder. A eso hay que sumar las dudosas inversiones en macroinfraestructuras culturales, cuyo impacto publicitario es puntualmente alto aunque de corto recorrido, y cuyo impacto económico es netamente negativo para las cuentas públicas pues los costos de mantenimiento son constantes mientras los beneficios son decrecientes.
Y no es que la economía real valenciana se sostenga exclusivamente en estos sectores o actividades, pues la pequeña y mediana industria, los pequeños y medianos comerciantes y los trabajadores autónomos son una realidad económica de primera magnitud. Pero lo que sí sucede es que las inversiones públicas dependientes de los presupuestos se han dirigido hacia aquellos sectores, olvidándose de potenciar otros sectores productivos de la industria tradicional o en los nuevos nichos económicos que crean y sostienen empleo a largo plazo, además de tener otros efectos positivos como es la sostenibilidad ambiental.
Los presupuestos presentados son netamente desequilibrados e insostenibles y en situaciones de crisis económica como la actual obligan a desviar grandes cantidades de recursos para frenar la caída del empleo.
Muestra de que estos presupuestos son alarmantemente desequilibrados es la exagerada deuda pública que tiene la Administración autonómica. El hecho de que se prevea que la deuda para el año 2010 alcance, para la administración del Consell, empresas públicas, organismos autónomos y fundaciones más de 18.000 millones de euros (es decir, tres billones de pesetas), mientras los presupuestos son de 16.000 millones, es, de por sí, una muestra tangible de lo dicho. La única comunidad que supera en valores absolutos la deuda pública es Catalunya, con 31.000 millones de euros, pero dispone de un presupuesto de 56.000 millones de euros para el conjunto de la Administración, empresas, fundaciones y organismos.
En fin, este panorama se completa con una inexistente política científica de I+D+i, una preocupante política de privatizaciones y una manifiesta inactividad en todo aquello que no sea propaganda y autobombo.