Televisión y democracia

En un ejercicio de opacidad impropio de una administración pública, el gobierno municipal de Valencia que preside la alcaldesa Rita Barberá se ha negado a desvelar la composición accionarial del nuevo socio de referencia de la empresa que gestiona la televisión digital municipal TMV. El número dos del gobierno local, Alfonso Grau, se atrinchera en calificar de «privado» el acuerdo por el cual el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, vende más de un millón de acciones, el 84 por ciento del capital social de la gestora de TMV, a una empresa denominada 123 Comunicaciones, de la que sólo ha trascendido que fue constituida ante un notario de Valencia hace hoy 14 días y que tiene su sede en el despacho de un abogado vinculado a la emisora.
Al tiempo que se deshace de su mayoría en la televisión municipal, Ulibarri ha dejado la presidencia y el consejo de Mediamed, la gestora de 13 emisoras de TDT que el Consell le otorgó, en lo que parece ser una retirada general del empresario leonés acuciado por la suspensión de pagos de su firma matriz, la constructora Begar, por la mala marcha de su división televisiva y su imputación en la trama corrupta.
Lo que carece de explicación es que el ayuntamiento dueño de una emisora de TV que emite informativos y programas y difunde información institucional no deje que ni los ciudadanos ni algunos de los consejeros sepan quién decide ahora. Toda una lección de transparencia.