Desde Hobbes, el Estado protege a sus súbditos de la piratería por el expeditivo procedimiento de incorporar a los piratas al Gobierno. Esta lección de derecho político autoriza a utilizar indistintamente las expresiones los piratas del Gobierno y el Gobierno de los piratas. También explica la atmósfera de solidaridad que ha transmitido la negociación —entre iguales— de España con una banda de bucaneros somalíes a costa del Alakrana, el pesquero que incumplió todas las normas sobre la actividad en aquellos caladeros. Su audacia ha pasado una factura de numerosos millones de euros, a pagar a escote por sus compatriotas.
Pese a esta confraternización entre los filibusteros y las autoridades españolas —jueces y ministros exigían la liberación de dos secuestradores pillados in fraganti—, conviene recordar que los pescadores del Alakrana han sido liberados por los piratas y no por el Gobierno, aunque las declaraciones de Zapatero, Chacón y Fernández de la Vega insinúen lo contrario. En cuanto al ganador del partido amistoso, los bandidos —nos referimos a los somalíes— secuestran, negocian, amenazan, imponen, hacen declaraciones, cobran al contado y huyen pese a estar vigilados por un operativo militar especial. La Moncloa siempre podrá alegar que, a falta de encarcelarlos, se los ha comprado, son los piratas del Gobierno. Utilizada a gran escala, esta táctica indemnizatoria acabaría definitivamente con el crimen desorganizado.
La semana pasada no se celebró el fin de un secuestro, sino el comienzo de otro, financiado generosamente por los mismos contribuyentes que serán víctimas de la nueva acción de los piratas. Todo ello con más intermediarios que en el fichaje de un futbolista, si no se trata de las mismas personas. En Celda 211 se describen minuciosamente los efectos perversos de negociar con secuestradores para apaciguar a la opinión pública, y la forma en que el Gobierno degenera hacia la piratería. Y de paso ven ustedes una película estupenda.
