«Aquí acaba todo»

Editorial

Más de 39.600 valencianos nacieron con el pleito que empezó en 1991 el abogado Marco Molines al socaire de las arremetidas del PP desde la oposición contra el Teatro Romano de Sagunt, que ejecutó el gobierno de Joan Lerma y que llegó a constituirse en eje central del discurso contra los socialistas. El lunes se conocía el último auto del Tribunal Supremo que da por zanjado el proceso. Al final, independientemente de las tesis previas, lo que era de cajón —¿cómo tirar, destruir una obra de ese calibre, de ese carácter y de esa calidad?— se ha impuesto: un recorrido de casi 20 años para una decisión judicial que se vislumbraba como inevitable, pero que se ha dilatado año tras año por ser una materia conveniente para su utilización política en el primer tramo del Consell del PP, ya que Eduardo Zaplana llevaba la demolición como parte de su programa electoral, y en el segundo tramo, el de Francisco Camps, que ha debido de desandar lo andado, e incluso modificar leyes que le permitieran eludir la declaración ilegal de las obras que dictaba la sentencia de 2008, también del Supremo. En el camino se quedan, una vez más, inagotables debates sociales y culturales que se podrían haber destinado a algo más fructífero, como se ha visto. Es una lección más de lo estéril que resultan las habituales discusiones, casi todas doctrinales, que distraen la energía social y política valencianas. Sólo cabe esperar lo que decía un relevante cargo del Consell: «Aquí acaba todo».