La dimisión de Francisco Camps

Antonio Montiel

El principio de su desempeño como president de la Generalitat Valenciana y a pesar de los recelos por su deuda política con su mentor Eduardo Zaplana se concitó la ilusión de que, el joven y ferviente católico Francisco Camps, podía introducir una cierta austeridad y rigor ético en la política valenciana.
Pero esa inicial vocación, si la hubo, cedió ante el deseo de control total del poder. La pugna con la vieja guardia zaplanista llevó al joven Camps a descubrir el lado brutal de la política y optó por la confrontación permanente procurándose una mesnada aguerrida e incondicional, retribuida con favores políticos y económicos.
Un Camps ya más curtido y entregado a una lógica amigo/enemigo, propia de quien no entiende lo que es compartir el poder ni la existencia de límites, envanecido por un exitoso ciclo electoral, habría caído en una suerte de desvarío que interesadamente alientan acólitos y aduladores, ejerciendo el poder desde el desprecio a la oposición política y a cualquier crítica social.
Indicadores como la situación de la industria y el campo valencianos, los datos de desempleo, el endeudamiento de la Generalitat, el déficit y la privatización de servicios básicos como educación, sanidad y otros de competencia exclusiva de la Generalitat, evidencian una irritante incapacidad para el manejo de los asuntos públicos con la prudencia, consenso y visión de futuro necesarias para una política integradora, equitativa y sostenible. Entre tanto, ascienden al poder y a los negocios los más variados oportunistas, relegando incluso al tradicional empresariado valenciano.
Más allá del capital pecado de soberbia y sin siquiera prejuzgar la cuestión penal del cohecho sobre la que se pronunciarán en breve los tribunales, resulta incuestionable la culpabilidad política de un president que ha dado cobijo a una corte de arribistas, especuladores y trileros de toda índole. Y es que un cargo público no puede permitirse ciertas compañías y menos aún mentir acerca del alcance de las mismas pero, sobre todo, no puede consentir que instituciones básicas del sistema democrático, partidos políticos incluidos, sean mediatizados por prácticas clientelares y favoritismos que exigían una repulsa inmediata por pura higiene democrática.
La responsabilidad política no se subsume en las responsabilidades jurídicas que puedan determinar los tribunales, como tampoco cabe confiarla simplemente a la valoración retrospectiva que pueda hacer la ciudadanía al concurrir a los procesos electorales. La responsabilidad política se contrae, tanto por los actos propios como también por los que realizan quienes por su autoridad fueron nombrados y sobre los que debe mantener un especial deber de vigilancia.
Camps intenta eludir una dimisión que, en la redacción actual del Estatuto de autonomía, permite la elección de un nuevo president entre los actuales parlamentarios, sin previa disolución de Les Corts y convocatoria de unas difíciles elecciones. Se empeña en negar los errores cometidos -algunos ya acreditados en las grabaciones aireadas por los medios de comunicación-, como los que sigue realizando al gestionar tan penosamente la crisis que su resistencia a actuar a tiempo ha provocado. Su credibilidad moral se desmorona ante la opinión pública, su autoridad es cuestionada incluso dentro de su partido y su crédito político, ante todos, se agota.
En tales circunstancias la dimisión de Francisco Camps podría ser todavía un ejercicio de humildad y responsabilidad política y ética ante una sociedad que no merece pasar por la vergüenza de ciertos comportamientos políticos.

Abogado. Miembro de la directiva de la Asociación Per l´Horta