Alfonso Rus lleva dos años y medio al frente de la Diputación de Valencia y aún no se ha dado cuenta que su función como presidente consiste en ayudar y defender los intereses de los alcaldes de la provincia y no culpar o menospreciar la gestión de los ayuntamientos. Sus últimas declaraciones acusando a los alcaldes de crear servicios e instalaciones que no pueden mantener y generar una deuda que «no podrán devolver en la vida», se unen a la larga lista de acusaciones acumuladas durante su presidencia.
Lamentablemente, las entidades locales viven uno de sus peores momentos por la crisis económica que agrava la ya de por sí deficiente financiación municipal. En nuestra provincia, los consistorios sufren, aún más, esta situación por la construcción descontrolada que fomentó el PP. Además, hay que recordar que los presupuestos de nuestros consistorios tienen un handicap más, que supone destinar casi el 30% de su dinero a prestar servicios que son competencia de la Generalitat, sin recibir un solo euro por ello.
Por eso, cabe preguntarse cómo no van a estar endeudados los municipios si quien tiene que hacer frente a sus obligaciones no lo hace; cómo no van a estar endeudados si el único plan creado por Rus para los ayuntamientos incita a realizar obras con enormes costes de mantenimiento como las piscinas cubiertas; o si dos de las tres administraciones están más preocupadas de sus problemas con la justicia y de organizar conciertos que de prestar los servicios que deben a sus ciudadanos. Camps y Rus son un peligro para las arcas municipales.
Ante todo esto, no se entiende cómo un presidente de la Diputación, que en plena crisis paga viajes al Caribe o monta macroconciertos que nada aportan a los ayuntamientos, osa dar lecciones de lo que es incapaz de cumplir. Quienes se pasean orgullosos en un Ferrari azul han sido incapaces de aprobar una sola medida para ayudar a los municipios. El Plan Confianza de la Generalitat carece de financiación, y Rus ha rechazado todas las propuestas planteadas por los socialistas para aliviar la asfixia económica de los entes locales.
Pero, lo más grave es que la crisis va más allá de los debates políticos, y tiene nombre y apellidos: el de cada uno de los parados. Por eso los ayuntamientos, en su afán de responder a las necesidades vecinales, realizan un esfuerzo inmenso, asumen gastos y trabajos que legalmente no les competen y, a pesar esto, su trabajo es menospreciado.
Camps se niega a compensar los gastos de los ayuntamientos con la creación de un Fondo de Cooperación Local; Rus, fiel a Camps, no reclama al Consell lo que la Generalitat debe a la Diputación —24 millones de euros— y que serviría para ayudar a los ayuntamientos; tampoco quiso aprobar los nueve Planes Anticrisis que propuso el Grupo Socialista y, de momento, no ha puesto en marcha el Plan de Crédito Local que facilitaría a los ayuntamientos acceder a los préstamos.
Nunca ha estado más claro, un promotor de espectáculos y un salpicado por una presunta trama de corrupción no nos sacarán de la crisis.
Vicesecretario provincial del PSPV-PSOE
