Un año después, justo, de la gran manifestación que organizó la Plataforma per l´Ensenyament Públic en la Comunitat Valenciana, miles de valencianos volvieron ayer a manifestarse en Valencia, Alicante y Castelló para reivindicar una larga lista de doce puntos para aplicar en la enseñanza pública. Aquella marcha que sorprendió a todos, incluso a los organizadores y, por supuesto, al propio Consell, se produjo en torno a la protesta por aquel «invento» de enseñar en inglés la Educación por la Ciudadanía para soslayar la obligación de impartir esa materia aprobada por el gobierno de Zapatero. Hoy, orillada la estrategia del PP para devaluar la EpC por imposición de los tribunales, la indignación ciudadana y de los profesionales alcanza aquellas cotas. La plataforma mantiene sus reivindicaciones, algunas más maximalistas que otras, que afectan al núcleo central de la enseñanza, con reclamaciones como la constitución de una red pública de 0 a 3 años para todos los alumnos, la eliminación de 1.300 aulas provisionales, un nuevo mapa escolar que atienda las necesidades actuales, el reconocimiento de las plantillas reales de los centros… Su tabla reivindicativa nos muestra, al menos desde su punto de vista, que no se ha avanzado nada en un año. Ni se han rebajado las peticiones, ni se han aceptado. El divorcio, evidente, entre unos y otros continúa. La conselleria propicia el diálogo pero no se alcanzan acuerdos, algo que ni a uno ni a otros, ni al resto de la sociedad nos conviene.