Posiblemente con la misma rapidez con que se escenificó en clave victimista y política la noticia de que la Universitat de València y la Politécnica no habían sido seleccionadas para formar parte del escogido grupo de universidades españolas merecedoras de la calificación de Campus de Excelencia Internacional, se pasará página a este suceso ante la avalancha de otras noticias de mayor calado mediático relacionadas casi todas ellas con la profunda crisis económica que abate a la sociedad entera.

Si es cierto que con la calificación de Campus de Excelencia se pretendía premiar y estimular a los macroproyectos universitarios capaces de competir en el ámbito internacional en el avance de la sociedad del conocimiento, macroproyectos que requieren casi necesariamente acuerdos de cooperación y trabajo en común entre dos o más universidades y con otros centros de investigación, tiene poco que ver el acuerdo de circunstancias que obligó a las dos universidades valencianas a presentarse conjuntamente con la ya bien establecida relación de cooperación existente, por ejemplo, entre la Universidad de Barcelona y la Politécnica catalana, cuyo proyecto en común mereció la máxima calificación y reconocimiento.

No se trata, en mi opinión, de la existencia de un doble rasero en los criterios seguidos por la comisión evaluadora que haya podido conducir a sobrevalorar los proyectos presentados por las universidades madrileñas y catalanas en detrimento de los proyectos presentados por el resto de las universidades españolas, entre ellas de las dos valencianas. Más bien parece tratarse de un episodio más que tiene que ver con la débil tradición de cooperación y vertebración de las instituciones valencianas de orientaciones muy diversas, lo que las hace perder capacidad de negociación en un marco social, económico y político cada vez más competitivo y globalizado.

Desde luego, la ausencia en la Comunitat Valenciana de partidos políticos con proyectos soberanistas e incluso independentistas como ocurre en el País Vasco y en Cataluña no favorece precisamente la capacidad de negociación de las instituciones valencianas con el poder político central, aunque a cambio no existe el clima político enrarecido y conflictivo que caracteriza cada vez con mayor radicalidad a la sociedad vasca y a la catalana, y que tengo la impresión no echa de menos la gran mayoría de la población valenciana. Por eso, las experiencias de falta de éxito competitivo como la que venimos comentando debieran conducir no tanto a las lamentaciones de rigor, como más bien a esforzarse en superar esa relativa debilidad de la sociedad civil valenciana que dificulta el logro de acuerdos con visión y ambición de futuro y de éxito.

Piénsese, por cambiar de ejemplo, en lo que está ocurriendo con los intentos de las cajas de ahorro valencianas por conseguir acuerdos de colaboración o fusión tal como viene aconsejando el Banco de España y el propio Gobierno central. Frente a los acuerdos alcanzados ya por algunas cajas vascas y catalanas, la CAM y Bancaja continúan envueltas en un cruce de intenciones y ­desautorizaciones mutuas, que no hacen presagiar, por ahora, ningún acuerdo ambicioso que permita a estas instituciones mantener las posiciones punteras que han venido ocupando desde hace muchos años.

Tan importante o más que todo lo anterior pueden ser también las propuestas que han presentado recientemente las confederaciones patronales valencianas para reformar el modelo económico, porque ahora es el momento de alcanzar consensos y acordar planes de acción coordinada que conduzcan a salir de una crisis que sólo se superará si se produce la muy necesaria colaboración política, social y económica que venimos echando en falta. Todo un reto para el conjunto de la sociedad valenciana, cuyo logro necesita de la superación de errores y debilidades como los comentados anteriormente.

Catedrático de Sociología. Universitat de València