Dice una encuesta –aunque hay mentiras estadísticas- que más del ochenta por ciento de los españoles estamos a favor de reformas constitucionales. Establecer cuáles ya es un poco más complicado aunque, según «El País», existe cierto consenso en torno al blindaje de las competencias del gobierno central, adelgazado por el pecado de origen de residir en Madrid, el cese de los privilegios de la Iglesia Católica y el derecho al voto para los inmigrantes legales. Creo que las tres cosas son razonables y mejor si añadimos la sugerencia de José Bono, que no sé si reclamaba listas abiertas o circunscripciones más pequeñas que la provincia o ambas cosas, su solemne ambigüedad era de la escuela diocesana. Bueno sería que se empezara a hablar, aunque sospecho –Tomás soy, aunque me llame Emili– que PP y PSOE no tienen ninguna prisa, ya les va realmente bien así. En todo caso, larga vida a esta Constitución que nos ha salido tan fiable y provechosa como una lavadora alemana, pero no nos cerremos al amejoramiento del fuero y vigilemos las corrientes de fondo. Aquí, la derecha proclama sagrada una Constitución que le parecía disolvente y la izquierda propugna devoto respeto a la ley después de décadas de predicar la insurrección contra el estado. Retórica. La democracia reclama elección y responsabilidad y aquí nos hemos acogido durante siglos al mando, la absolución y la olla compartida por los parientes, reales o sobrevenidos, ligados como clientes al provecho común.
Los nacionalistas catalanes se enfadaron porque el Gobierno central se resistía a entregar los documentos de la Generalitat incautados por los fascistas. Y se han vuelto a enfadar porque los hijos de Agustí Centelles, el gran fotógrafo nacido en El Cabanyal, en uso de sus prerrogativas de ciudadanos han decidido confiar al Archivo de Salamanca el legado de su padre. Algunos paranoicos remontan las raíces del agravio al Compromiso de Caspe donde los Centelles votaron a favor de Fernando de Aragón o sea que traerían el españolismo en los genes, qué risa.