La trifulca de los argonautas de internet o interpiratas contra el ministerio de Cultura conduce a una pregunta digna de Gila, ¿debería el Estado perseguir los delitos? La controversia arranca de un error diagnóstico. La piratería no va a hundir el cine español, porque las malas películas españolas estén a punto de lograrlo por sí solas.
El año que trajo Che II, Los abrazos rotos, After o El baile de la victoria -las dos peores vienen más adelante- obliga a admirarse de que el respeto de la propiedad intelectual sea reivindicado por los mismos creadores que muestran tan escaso respeto a la dimensión intelectual del espectador. Esa cartelera ni siquiera resiste una sátira, según demuestra la anodina Spanish movie.
El cine español ha localizado la coartada perfecta, el enemigo exterior. En su ingenuidad, presupone que los piratas que sean disuadidos de economizar a costa de otros los espectadores que satisfacen la entrada en las salas se amontonarán en las taquillas para ver la fenomenal Celda 211. La disyuntiva es falsa porque, en una muestra del elitismo de los interpiratas, su alternativa masiva será la telerrealidad. Han obrado el prodigio de robar al que no tiene, por seguir el vaticinio evangélico de San Mateo. El imprescindible combate de las descargas no mejorará los ingresos de la industria española. (Es curioso que no se plantee una disfunción análoga entre la limitación de emisiones de dióxido de carbono y la reversibilidad del cambio climático).
El Gobierno decidió luchar contra los tramposos con trampas. En una de las perchas del portemanteau que es la ley de leyes de Economía Sostenible, se avanzaban medidas restrictivas. Por desgracia, alguien informó a Zapatero de que, según las encuestas internas de su Gobierno, hay tres millones de votantes del PSOE que se verán afectados por las iniciativas de control. Su comportamiento pareció de repente menos reprobable. La privación del consumo de cine aunque fuera español les dejaría mucho tiempo libre para cavilar su sostén político. Salvo que la interrupción de internet llevara aparejada la supresión de su derecho al voto, el líder socialista no puede arriesgarse a despertar su enemistad colectiva. Así fue como los interpiratas se apropiaron de la red. Ahora demandan rescate a un ejecutivo que se ha acostumbrado a negociar y a pagar a los corsarios somalíes. El argumento de la masa es poderoso pero irracional, insoslayable aunque no se revistiera de la coraza de los derechos humanos, presuntamente ultrajados al actuar sobre un ordenador. Dada la tentación fabuladora y conspirativa de los interpiratas, se violará salvajemente la intimidad. En primer lugar, habría que obviar las habilidades para interceptar mensajes de las agencias estadounidenses de espionaje. En segundo lugar, las pruebas de alcoholemia en la carretera o los controles de seguridad en los aeropuertos en ambos casos, a personas que no han cometido ningún delito infringen la privacidad con el pretexto de salvaguardar un interés colectivo. En tercer lugar, los descargadores de material ilegal presuponen el abuso de un instrumento configurado por el Estado. Según ellos, los policías y los militares no deberán portar armas, en tanto que podrán utilizarlas arbitrariamente.
Los interpiratas no contribuyen al sostén del cine español, pero pagan cantidades notables y crecientes a las empresas más poderosas del planeta, para subvenir el material y servicios que utilizan. Curiosamente, a nadie se le ocurre hablar de censura si se interrumpiera la conexión a quien no abona religiosamente las sumas contratadas. Es decir, el movimiento libertario sacrifica escalones intermedios, para ponerse directamente a las órdenes de las campañas globales.
Al otro lado de la mesa, Ángeles González-Sinde es la autora puesto que Gore Vidal atribuye esa cualidad a los guionistas de dos películas estrenadas este año, Mentiras y gordas y 7 minutos. Ambas son indignas de un programa de telerrealidad. Si la revolución de internet consiste en descargarlas, queda demostrada que la red compite en capacidad innovadora con la ágora de parvulario. No se montó una revolución para la vulgar copia y multiplicación de las canciones de los Beatles o de películas españolas. La solución llegará de la mano de los micropagos, tan anhelados como las nanotecnólogas.