Solo con más empresas se puede sostener la economía

La ley para la Economía Sostenible es un cajón de propuestas muy diversas y revueltas, unas obvias, otras ya anunciadas, algunas incluso en vigor, varias derivadas de exigencias de organismos internacionales. nance para cambiar las bases del desarrollo y fomentar nuevos empleos estables y de mayor calidad. El fin es intachable, no tanto muchas de las medidas elegidas para conseguirlo. Se enredan en lo accesorio y descuidan lo sustancial. España necesita una eficiente economía productiva que pueda competir en el exterior. Pero eso sólo se consigue con empresarios capaces y dispuestos a arriesgar y con trabajadores altamente cualificados. Una sociedad sana pone al trabajador en condiciones de elegir la empresa en la que quiere trabajar. Una sociedad enferma se aferra a dificultar la renovación de las plantillas en función de las necesidades de la empresa.
La crisis no sirve como tapadera. Los malos datos dejan en evidencia cada mes problemas específicos de la economía nacional. Otros países en idéntica dificultad inician la remontada. En España se han destruido dos millones de puestos y ha cerrado 23.000 empresas en la Comunitat Valenciana desde que empezó la recesión. Tenemos una de las mayores tasas de mortalidad de empresas y una productividad escasa. La ley que Zapatero acaba de lanzar, está llamada a invertir esa tendencia. Llega para «implantar de la forma más rápida, viable y consolidada un nuevo modelo productivo para España». La primera medida que ha desatado una fuerte polémica popular es la relativa al control de las descargas en internet. Poco tiene eso que ver con una transformación real de la economía española, ni con la mejora del PIB y el hallazgo de nuevas bases de crecimiento. Revela el carácter inconcreto y heterogéneo de la norma.
Hay entre sus disposiciones algunas positivas, como obligar a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores en treinta días o suprimir trámites burocráticos para crear empresas, también algunas peligrosas: volcar excesivos recursos en las energías renovables y darles un trato tan privilegiado puede conducirnos muy pronto a otra burbuja especulativa como fue la inmobiliaria.
Los países de la UE quieren que el 20% de la electricidad consumida en 2020 provenga de fuentes limpias. El gobierno de Zapatero abrazó esta causa con tanto fervor que puso en marcha un generoso sistema de primas e incentivos de 6.000 millones de euros cada año, que los contribuyentes pagan con su recibo de la luz. Una suma tan golosa hizo proliferar cazasubvenciones. El caso de los «huertos fotovoltaicos» resultó tan escandaloso que el Gobierno tuvo que cortar y limitar las instalaciones. Ahora, un contrasentido, también acabamos de conocer que el 2% de la energía renovable que se produzca, con lo cara que resulta, va a desperdiciarse porque no se puede almacenar.
En la reparación de la crisis pasada se gesta la burbuja de la siguiente. El Gobierno asegura que de todas sus medidas, la que más impacto va a tener es la desgravación por la rehabilitación de viviendas porque conservará empleo en la construcción y mejorará la calidad de vida. El ladrillo sigue triunfante.
Los desequilibrios del mercado laboral español son flagrantes. Hay contratos fijos de alta protección y temporales desguarnecidos, que vuelan cuando la cosa se pone fea. El parado tipo es un varón menor de 30 años, que trabajó en la construcción y no terminó sus estudios. Si el nuevo modelo económico tiene que basarse en la tecnología y el conocimiento, ¿cómo va a encontrar cobijo esa fuerza laboral sin formación? ¿No habrá que plantear a la vez una gran reforma laboral y otra educativa?
De nada de esto trata la ley de Economía Sostenible. Hasta el Banco de España lo echa en falta. Del paro no se sale por real decreto: son los empresarios quienes contratan trabajadores. Lo que hay que defender es un modelo que sea capaz de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de crear su propia empresa o les brinde la posibilidad de elegir puesto de trabajo porque abunde. Sólo hay una forma de conseguirlo: propiciando la creación de empresas. Es inútil dificultar los despidos con elevadas indemnizaciones si cierran las fábricas y desaparecen los empleos. ¿Qué autoridad puede evitar la pérdida de esos puestos de trabajo? Y si las empresas cierran y no hay otras que abran porque la rigidez del marco no invite a ello, ¿de dónde surgirán los recursos para pagar a los funcionarios (médicos, maestros, policías, etcétera)? ¿Cómo evitaremos que la sociedad no se paralice?
Sólo habrá puestos de trabajo si hay empresas y que, por tanto, la labor del Gobierno debería volcarse en apoyar o en no poner trabas a los emprendedores competitivos y honrados que no tienen miedo al riesgo, en vez de fomentar la profesión de cobradores de rentas al amparo del poder político.