El conflicto permanente

Partido Popular y PSOE parecen estar cerca de un acuerdo político que desbloquee el Estatuto de Castilla-La Mancha, empantanado en el Congreso de los Diputados desde hace meses por la pretensión castellano-manchega de poner fecha de caducidad al trasvase. La reacción más o menos coordinada de los socialistas y «populares» de Murcia y Comunitat Valenciana frenaron entonces la iniciativa y obligaron a buscar nuevas fórmulas. Sin embargo, la «solución» ideada no sólo no corrige la descabellada idea de poner fin a una infraestructura, la del Tajo-Segura, de la que viven miles de personas y depende la economía de regiones enteras, sino que añade incertidumbres sobre otros ríos como el Júcar, el Cabriel, el Guadiana...y afecta a todas las comunidades autónomas que limitan con Castilla-La Mancha e incluso a Portugal. Si Castilla-La Mancha se reserva 6.000 hectómetros cúbicos de agua para sus usos actuales y futuros, el Plan Hidrológico del Júcar y hasta la propia gestión del agua en España está de sobra.
Es demasiado lo que hay en juego y, sobre todo, es hora de frenar un conflicto que lleva camino de eternizarse. Nadie quiere imponer a Castilla-La Mancha su destino y la forma en la que quiere articularlo, pero tampoco se puede pedir a los usuarios del agua valencianos que miren hacia otro lado y permanezcan impasibles ante una decisión tan trascendente sobre sus intereses y derechos.