Bronca por el agua

Editorial

Los representantes del Partido Popular llegaron ayer a la conferencia de presidentes que el Gobierno de Zapatero impulsa con la intención de pedir un gran acuerdo, que garantice el agua a todas las poblaciones bajo el principio de la solidaridad internacional. Tan buena intención expresada ayer en el encuentro celebrado en el Senado no es en realidad ninguna novedad. Tampoco debería serlo. El principio de la solidaridad entre comunidades autónomas viene recogido en toda la legislación sobre el aprovechamiento del agua. De ahí que la gestión del agua sea una cuestión de Estado. Algunos de los ejes que vertebran nuestro Derecho de Aguas se basan directamente en la Constitución Española, con raíces que se clavan en normativas que proceden del último tercio del siglo XIX. Por eso no debería suponer ninguna sorpresa este generoso planteamiento, salvo por la intensidad que los tiempos de sequía creciente y el cambio climático están imprimiendo en las necesidades de las distintas comunidades autónomas, que, como es lógico, no piensan renunciar a su bienestar ni a su desarrollo, en muchos casos ligado directamente a los recursos hídricos. Descorazona, por tanto, que tan ambiciosos planeamientos topen con los intereses individuales y colectivos como muestra el rifirrafe que protagonizaron en ese foro, creado para el diálogo, entre los líderes de cuatro comunidades enfrentadas: Murcia y Comunitat Valenciana, por un lado, y Aragón y Castilla-La Mancha, por otro.