La dependencia, a examen

Gustavo Zaragoza

En numerosas ocasiones se ha denunciado, con razón, la falta de evaluaciones eficaces que informen del funcionamiento de los servicios públicos, algo sumamente curioso ya que se trata de servicios pagados por todos y además de su eficacia depende, la calidad de vida de miles de ciudadanos. No es raro que para determinados políticos resulte muy incómoda la publicación de informes en los que salgan a la luz malas prácticas en la gestión, pero la transparencia y el contraste deben formar parte de una gestión eficaz y responsable. Precisamente por esa tendencia al secretismo conviene poner especial atención cuando tenemos acceso a estudios comparativos sobre el funcionamiento de servicios esenciales.
Muy poco tiempo después de promulgarse la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia hemos conocido distintos informes sobre la evolución de su aplicación. Todos los meses el Imserso publica, en su página Web, el nivel de desarrollo en cada una de las Comunidades. Los datos, de manera, reiterada, ofrecen una foto prácticamente fija en la que se puede comprobar un panorama exageradamente asimétrico, evidenciando la presencia constante de un batallón de cola, ocupado siempre por las mismas Autonomías: Canarias, Madrid y La Comunidad Valenciana.
Hace apenas unos días, desde una plataforma de expertos independientes, el Observatorio de la Dependencia, se emitía el cuarto informe semestral de valoración de la aplicación de esta Ley en las distintas Comunidades,. El resultado es sumamente coincidente con los datos indicados anteriormente, las tres Comunidades apuntadas suspenden de manera llamativa y aparecen como de escaso impacto y desarrollo de la Ley en estos territorios.
Para ofrecer un panorama todavía más lamentable, hemos comprobado, en los medios de comunicación, que las similitudes entre estas autonomías no se limitan a su ineficacia sino que también comparten, sus responsables políticos, argumentos muy parecidos a la hora de valorar estos resultados: los datos no se ajustan a la realidad, somos los mejores pero no nos lo reconocen, en todo caso es culpa del gobierno central…. , en definitiva «excusas de mal pagador» (textual en este caso). Lamentable, muy lamentable, sobre todo porque lo importante, cuando uno se equivoca, es aprender de los fallos cometidos y corregir para construir una realidad diferente.
Desgraciadamente este tipo de actitudes no hacen albergar muchas esperanzas en un futuro mejor, mientras que no se asuma, de forma clara los errores, se analicen sus causas y sobre todo se pongan los medios para evitar este liderazgo de ineficacia, estarán en desventaja las personas dependientes de Valencia Madrid y Canarias. Se trata de una injusticia terrible ya que están amparados por el mismo derecho que el resto de Comunidades y en cambio están obteniendo una respuesta muy distinta de aquellos que tienen la responsabilidad de responder ante las necesidades de ciudadanos que supuestamente deberían ser iguales ante la Ley.

Profesor de política social de la Universitat de València