Crucifixismo

Emilio García Gómez

Hace tres años escribí para Levante-EMV una tribuna (El período crítico de la religión, 10-12-06) insistiendo en la conveniencia de eliminar el religiosismo de las escuelas públicas. Mi perspectiva no ha cambiado; por el contrario, me reafirmo en lo que me parece un principio fundamental: que somos libres y el Estado debe velar por nuestras libertades y derechos.
Uno de ellos es practicar y propagar sin trampas cualquier doctrina religiosa. Y otro no hacerlo. Sólo hay un límite; no se puede rebasar el perímetro del individuo o de la comunidad de individuos que deciden compartir la misma fe. Tanto si el Estado español es formalmente aconfesional como si es laico, la única forma de proteger la libertad de creencias es no apuntalar ninguna en concreto. Ni siquiera las que sufren la tiranía de la tradición.
Desde detrás de las bambalinas ha salido, una vez más, el estéril debate. La Iglesia católica española y sus seguidores, incluyendo a determinados grupos de comunicación, están mintiendo acerca de si sacar los crucifijos de las escuelas públicas conlleva, con la excusa de evitar oficialismos religiosos, la prohibición de exhibirlos en las concertadas y las privadas confesionales. Pero es casi imposible que una niña musulmana quiera ir a estudiar a un colegio de Carmelitas y que un niño hebreo o sintoísta se matricule en otro de Salesianos, exigiendo, de paso, para sentirse cómodos, que se bajen los jesucristos de los frontales de las aulas. Por otro lado, sería inoportuno enviar a niños cristianos a formarse en escuelas islámicas y solicitar que la recitación del Corán no sea obligatoria.
Las instituciones cristianas —cualquiera que sea su versión— tienen derecho a crear centros confesionales y destinarlos a la enseñanza reglada. Siempre tendrán enfrente a los pensadores más conservadores —paleomarxistas, retroateos o neoalmohades—; pero en un Estado democrático y capitalista como el nuestro nadie puede impedírselo. Además, cuentan con numerosos templos y casas parroquiales donde impartir doctrina. Y, desde luego, nadie en su sano juicio pretende borrar las cruces de las banderas y los distintivos más emblemáticos de Asturias o Cataluña.
Sin embargo, es natural que un centro de enseñanza pública se llene de alumnos cuya opción religiosa sea la de sus padres y sus hermanos musulmanes, hebreos, animistas o ateos. La única forma de mantener la paz es no forzar a todos a participar en el mismo recinto de idénticos ideales y símbolos confesionales. A mí me resultaría insoportable compartir mesa con una compañera embalada, como el resto de la clase, en su burka afganistano o trabajar en un cafetal rodeado de esclavos engrilletados. La alianza de confesiones —como la de civilizaciones, en la que creía Benazir Bhutto antes de morir (y también Rodríguez Zapatero, aunque este último lo haga con escasa sustancia teórica)— no se resuelve por omisión de acción, sino de forma proactiva: hay que dejar tranquilo a todo el mundo; que nadie se vea obligado a pertenecer a nada; y que se proteja, sin invertir un céntimo del dinero público, el derecho a ser y creer. La libertad es incompatible con la coacción.
¿Pero qué se puede hacer en España con las escuelas concertadas confesionales? Si les llegan fondos públicos, ¿habrá que eliminar también los crucifijos? En torno a ello, la izquierda también está mintiendo o, por lo menos, aireando de tapadillo argumentos cuya materialización ve improbable. Si el Gobierno socialista quiere pasar de un nivel de tolerancia a otro de intervención estatalista y despótica, es suficiente denunciar los viejos conciertos con la Santa Sede y proponer unos nuevos, ateniéndose a las consecuencias. Si, con arreglo a la ley, busca reemplazar los colegios concertados por públicos, tendrá que gastarse más dinero en crearlos y acabar así con los símbolos religiosos. Y si no puede hacerlo, vale más dejar las cosas como están. Cuando España sea Francia —en el siglo treinta o cuarenta— podrá tal vez soltar ese lastre de crucifixismo y religiosismo que tanto agobia.

Filólogo