Con deuda y sin servicios públicos

Editorial

Las administraciones públicas en las que hasta ahora recaía la responsabilidad de crear empleo y dinamizar la economía empiezan a acusar el esfuerzo de dos años. Prueba de ello son hechos como que una empresa pública como Ferrocarrils de la Generalitat no pueda pagar los recibos de la luz. O que el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, anuncie 14 despidos porque no hay fondos. Así de sencillo y así de dramático. El erario está exangüe y la falta de liquidez alcanza ya a los servicios que se prestan al ciudadano. ¿Hemos tocado fondo? Nos estamos acercando, porque la teoría que se empezó a aplicar es que las distintas administraciones debían de asumir el papel de tirar del carro y de dinamizar la economía, en general, y la privada, en particular. Y, sin embargo, a la vuelta de unos meses nos encontramos con que no sólo no favorecen la ­creación de puestos de trabajo, sino que están empezando a destruirlo. E incluso a ahogar con su morosidad a quienes aún los mantenían en pie. La deuda pública ha alcanzado tasas agobiantes y se da la paradoja de que en medio de tímidos anuncios de recuperación son las administraciones las que recortan servicios. Conselleries, concejalías, diputaciones, empresas públicas... no llegan a todo ni a todos. Habrá que establecer prioridades —Grecia cambiará su sistema impositivo para aumentar los ingresos del Estado— antes de la quiebra total, de la eclosión que transformará —ya hay voces que lo anuncian— el actual Estado del bienestar.