Contentar a todos

Camilo J. Cela Conde

Lo malo que tiene el querer contentar a todos, tarea voluntarista en la que parece haberse doctorado –con o sin máster por medio– la doctrina de lo políticamente correcto, es que se entra casi de inmediato en un callejón sin salida. Como casi la mitad exacta de los ciudadanos del reino de España piensa respecto de cualquiera de los asuntos en litigio lo contrario que la otra, a la hora de satisfacer voluntades se pisan callos ajenos a la primera oportunidad. El asunto de los crucifijos en la aulas es una muestra del cul-de-sac en que andamos metidos. Cuando la Corte de los Derechos Humanos de Estrasburgo determinó que las figuras del Cristo crucificado debían retirarse de los colegios porque, al decir del tribunal europeo, vulneraban el derecho a la libertad religiosa de los alumnos, no tardaron en salir voces airadas en defensa de lo que, desde su punto de vista, no era signo de creencia alguna sino icono cultural sin más. El paso siguiente dejó aún peor las cosas. La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados instó al Gobierno a que preparase una ley destinada a garantizar tanto la libertad vulnerada como la desaparición de las cruces. Una ley así dejaría, en principio, claras las cosas. Pero no.
¿Sería ilegal mantener crucifijos en los colegios públicos o en todos los centros? En todos, claro; de lo contrario, estaríamos ante libertades y opresiones a la carta. ¿Resuelto, pues, el conflicto? Pues tampoco. Porque el paladín mayor de la corrección política, que no es otro que el señor presidente del Gobierno, viendo venir la reacción numantina de los medios conservadores, que abundan, dijo aquello de que el plan de retirada de cruces no estaba en el carnet gubernamental, versión postmoderna de ese otro papel en el que las mozas en estado de merecer iban apuntando los bailes pendientes.
La postura más sensata dentro un enjambre de insensateces apareció cuando a alguien, que no recuerdo quién era, se le ocurrió que no estaría mal el que los crucifijos fuesen retirados como respuesta a una solicitud en ese sentido de los padres, en principio más atentos y preocupados por el hecho de que sus hijos aprendan matemáticas e inglés. Pero cuando parecían haberse calmado ya las aguas se ha abierto otro cauce de confusión gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dictamina que las retiradas serán bajo petición expresa y sólo por un curso. Cosa que garantiza que tendremos proceso por la sombra de un burro todos los años cuando, allá por el mes de septiembre, renazcan las ansias de libertad cultural frente a la libertad laica. Quién iba a decírnoslo: los derechos humanos sometidos a debate permanente. Ni en las asambleas del mayo del 68 se habría pensado un programa mejor para dar salida a las ansias de democracia directa. Con un poco de suerte, la polémica puede durar todo el primer cuatrimestre para disponer del segundo en preparación de la siguiente brega. ¿Y las matemáticas y el inglés? Pues nada, quedan en espera de que alguien haga de esas disciplinas una cultura. O una religión.