Ya es fin de mes en El Corte Inglés

Cruz Sierra

Afirma Francisco Pons, presidente de AVE, que la crisis va para largo y que no va a haber más remedio que reducir el llamado estado del bienestar, ese que supuestamente disfrutan la mayoría de españoles. Pons y los suyos hablan de exigir eficacia al sistema y no de recortar prestaciones sanitarias a la población, de convertirla en corresponsable de su gestión (pone como ejemplo al Gobierno francés, que cobra un euro a cada ciudadano que acude a urgencias: con tal medida los galos aseguran haber reducido un 25% el número de «pacientes»). Tampoco habla el empresario de recortar el gasto educativo, sino de lo contrario, y de introducir racionalidad en el sistema para que, por ejemplo, disfruten de nuestras lujosas universidades sólo los estudiantes con méritos académicos para ello.
Éstas y otras propuestas son adecuadas, pero al final siempre aparece sobre la mesa —y no sólo en la de los empresarios (pregunten a Rajoy y Montoro) el recorte de beneficios sociales para reducir el déficit de las administraciones. Un clásico de la historia al que, hoy por hoy, sólo se está oponiendo, aunque sea en clave electoral, el presidente Zapatero. Sin embargo, nadie duda que reducir el estado de bienestar incrementará exponencialmente el estado «de malestar» que embarga actualmente a los contribuyentes españoles, asalariados y contratadores, por el uso que de sus impuestos están haciendo el Gobierno central junto con los 17 autonómicos, 50 provinciales, 8.022 municipales así como sus respectivos parlamentos, entes y entidades públicas, empresas e instituciones dependientes, etcétera, etcétera.
Un estado de malestar provocado por el masivo derroche administrativo en la gestión de los recursos públicos, ejecutado impunemente bajo nuestra atenta e incrédula mirada. En el caso concreto de la Generalitat, esta circunstancia se acaba de poner nuevamente en evidencia a través de dos noticias aparecidas la semana pasada: una, que la agencia de calificación de riesgos Moody´s ha bajado la «nota» de la deuda pública autonómica (por mucho que dudemos de estas agencias a causa de su negligente comportamiento previo a la crisis, ahora resultan más creíbles en tanto son capaces de «suspender» la reputación financiera de sus clientes: Moody´s cobra de la Generalitat por sus informes). Valencia pierde imagen y crédito en los mercados internacionales y obtenerlo a partir de ahora nos saldrá mucho más caro (pagamos entre todos, no lo olvidemos), lo cual no es un accidente provocado por la crisis, sino una consecuencia del recurso insensato al endeudamiento durante años, especialmente los de bonanza, por parte de Zaplana y Camps. Y dos, el Banco de España acaba de constatar en sus estadísticas oficiales un nuevo incremento de la deuda valenciana en el tercer trimestre de 2009, justo en un año en el que ha bajado singularmente la inversión pública autonómica, uno de los motores del desarrollo regional (los otros, construcción, industria y servicios, se hallan «gripados»).
Es decir, más deuda para pagar la luz y las nóminas, no para crear riqueza. Es decir, la Generalitat «no está» cuando más se la necesita. Endeudada al máximo (con la mayor deuda relativa de todas las comunidades), hace agua por sus cuatro costados y se suceden los impagos y parches de modo que entre las empresas y los ciudadanos comienza a calar la idea de un Consell como problema más que como solucionador de nada. Sirva como ejemplo lo ocurrido estos días en torno al Instituto de Finanzas, una institución clave en el organigrama autonómico cuyo chapucero relevo de director ha sido más bien producto de la improvisación y la intriga que de la reflexión propia de una gestión responsable.
No es extraño, pues, que durante un acto de entrega de premios celebrado la semana pasada al que asistía la ministra Garmendia circulara entre los asistentes un alarmante chisme financiero: «¿Sabes que hay tres conselleries —"tal, tal y tal"— que están pagando la nómina de Navidad de sus funcionarios gracias a una línea de crédito recibida de la financiera de unos grandes almacenes?». Verdadero o falso, el rumor resulta creíble teniendo en cuenta además que, según la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios, Elena Bastidas (alcaldesa de Alzira por el PP), más de la mitad de los consistorios de la Comunitat están recibiendo créditos de bancos y cajas de ahorros para pagar las nóminas de fin de año. Con tal desbarajuste administrativo resulta muy atrevido pedir sacrificios a los sacrificados de siempre.

Castillos en el aire Un diario digital de Madrid especulaba la semana pasada sobre un supuesto y recóndito sueño de Rodrigo Rato como futuro presidente de CajaMadrid, que no sería el de cumplir la orden del Banco de España de absorber la CAM y CaixaGalicia, sino, lejos de ello, «fundirse» con el genuino gigante del sector, La Caixa (el presidente de ésta, Isidro Fainé, mantiene una gran relación personal con Rato, con quien coincide en cuestiones conceptuales básicas). La fusión entre las dos primeras cajas de ahorro españolas daría como resultado una «megaentidad» que progresivamente, según la misma versión, iría transformándose en un banco convencional previo paso por el estadio de fundación o formato asimilable. «¡Imposible!», «¡Nunca!», «¡Antes se fusionarían el Barça y el Madrid!», clamaban ante este Tranvía diversos analistas valencianos consultados. Y efectivamente, seguramente es imposible (aunque también lo era que un pequeño banco de provincias, el Santander, «se comiera» a los gigantes de la capital, Central, Hispano y Banesto... y ahí estamos). Sobre todo teniendo en cuenta el elevado grado de politización de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Pero si algo cambiara en este terreno, en el que ya se están dando algunos pasos, no sería del todo improbable una operación de las características citadas (el dinero, como todo el mundo sabe, no tiene color, ni patria).
Por otra parte, la idea no es nueva y así lo certifican las hemerotecas: representantes al más alto nivel de ambas entidades ya afrontaron su hipotética fusión hace 20 años, cuando el PSOE gobernaba la Comunidad de Madrid a través de Joaquín Leguina, manejaba las riendas de La Caixa Josep Vilarasau y otro José, Terceiro, las de Caja Madrid.
El problema de las sedes, según esta versión, quedaría resuelto con la ubicación en Barcelona de la sede social y fiscal de la entidad resultante y en Madrid, capital financiera del Estado, de su sede operativa (tomen nota en Alicante y Valencia). Si así ocurriese y al margen de otras muchas cuestiones (infinidad de ellas), cabe preguntarse en qué posición quedarían las dos grandes cajas de ahorro valencianas en el caso de que no se fusionaran entre ellas. ¿En un par de versos sueltos? ¿Como dos cajas de... cerillas?