Limpieza en las contrataciones

Como un rito más de las fiestas navideñas el informe del Síndic de Comptes llega por estas fechas con el análisis de las cuentas de la Generalitat Valenciana, en el que, junto al ya conocido dato del déficit de 500 millones de euros como consecuencia principalmente de una desaceleración en los ingresos, y junto a una consideración general positiva de que «no se han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir características básicas de responsabilidad contable», el organismo controlador que dirige el castellonense R. V. Queralt ha puesto el ojo en las contrataciones públicas, una llaga por la que ha sangrado este año el Consell debido al caso Gürtel y sus adjudicaciones a las empresas de la trama de Correa. Hace bien el fiscalizador porque no faltan elementos, a lo visto, de reproche. Esta edición, el Síndic advierte a la Generalitat Valenciana, al igual que en el código ético de Mariano Rajoy, que ha de primar el criterio económico en los contratos y eludir la práctica tan usual como reprochable del fraccionamiento de los contratos para burlar la concurrencia pública. Particularmente, ha advertido que seis de los principales contratistas del Instituto de la Vivienda tienen vínculos familiares entre ellos y que en el 93% de los contratos públicos ha hallado anomalías. Denuncias como éstas deberían ir más allá del mero acto de subrayarlas cada año y tendrían que tener su correspondiente sanción y rectificación en la práctica, cosa que no ocurre casi nunca.