A golpe de chiringuito y Aston Martin

En el año 1902, el jurista argentino Luis M. Drago criticó ante Estados Unidos la posteriormente denominada «diplomacia de las cañoneras» (gunboat diplomacy), como respuesta a la política de cobro compulsivo de deudas por parte de las potencias de la época, EE UU, Alemania e Inglaterra principalmente, que no dudaron en bombardear enclaves caribeños como Puerto Cabello (Colombia) o Fuerte San Carlos (Venezuela), para presionar a los gobiernos y que pagaran sus deudas internacionales (ni agencias de rating, ni cobrador del frac, ni pamplinas, aquello sí que era manu militari). Un siglo más tarde hemos cambiado de época, guión y escenario y nos encontramos con un Gobierno valenciano que también está siendo conocido en el exterior por su política, que en este caso podría denominarse «la diplomacia de los chiringuitos». Se trata de una caracterizada gestión administrativa de andar por casa, realizada con y por los clientes y amiguetes, sin altura de miras, irresponsable y frentista, dirigida al mantenimiento del poder por encima de cualquier otra consideración, singularmente de la de construir un país serio, no de chiringuitos, que es como se nos empieza a conocer en el exterior y que el caso Gürtel contribuyó a promover. El último ejemplo lo estamos presenciando en torno a las cajas de ahorro regionales, sujetas a los duros embates de la crisis y necesitadas de un tratamiento aséptico de reinvención ejecutado en consenso por las fuerzas políticas. ¿Tiene el PP regional un proyecto objetivo sobre qué hacer con el sistema financiero valenciano? Hablan de crear una gran entidad financiera regional, ¿pero existe una hoja de ruta definida para llevarla a cabo? Por lo observado hasta el presente, no.
Más bien al contrario y en uso y disfrute de la citada «diplomacia de los chiringuitos», el presidente del Consell ha decidido actuar unilateralmente prescindiendo de la oposición a la hora de renovar los órganos de gobierno de ambas entidades, privándolas del vital acuerdo parlamentario para un correcto desarrollo de sus maniobras de acercamiento (eso no es pensar en país, sino sólo en lo suyo). Posteriormente y como mejor expresión de comportamiento «playero», el presidente no ha dudado en nombrar a un par de personajes cercanos –amiguetes– en el plano personal, como son el abogado José María Mas y el ex director del IVF, José Manuel Uncio, alejados ambos de la disciplina partidaria, como sus personales comisarios en el seno de los consejos de Bancaja y CAM respectivamente. Con Uncio, el presidente ha batido récords y logrado levantar ronchas simultáneamente en los cuarteles más incondicionales de su propio partido y en general en toda la derecha. Dentro de estos círculos de poder ha sido recibido con estupor y marcada indignación que Uncio, que es encuadrado en el selecto grupo de personajes desprovistos de cualquier decoro moral y político, sea a estas alturas el perfil elegido por Camps para maniobrar en las delicadas y sutiles operaciones de fusión Bancaja-CAM.
«¿No queda más banquillo en el PP como para tener que echar mano de este figura?» se preguntan muchos. Camps debe tener alguna deuda hacia su amigo y compañero de colegio José Manuel 'Aston Martin' Uncio (¿150.000 euros? Vaya desparpajo hace falta tener para reaparecer así en la vida pública justo en estos precisos momentos). Otra explicación posible, no incompatible con la anterior, es la existencia de poderosos intereses financieros privados que habrían presionado sobre el presidente para que rehabilite al comodín Uncio y con él atender sus intereses en la operación de fusión. En todo caso, parece evidente que el presidente ha optado por especialistas en chiringuitos como JM Uncio (financiero), R. Blasco (demoscópico) y J. Cotino (cristiano) para que le guarden las espaldas, arrojando definitivamente por la ventana cualquier asomo de estética que le quedase (la ética ya se extravió hace tiempo).

La Ley para los que la cumplen. Y mientras tanto, la presidenta de esa república bananera que en ocasiones parece el ayuntamiento, Rita Barberá, sigue arreando cañonazos contra el Gobierno ahora a costa de los genuinos chiringuitos de playa, haciendo bandera política del incumplimiento de la Ley de Costas. Manipulan la alcaldesa y sus mariachis que «Zapatero quiere cerrar los chiringuitos de la playa», atentando contra el modelo turístico valenciano. ¿Contra cuál? ¿Contra el de urbanización radical de la costa valenciana que tanto repele al ansiado turismo de lujo y a cualquier ciudadano sensible? Que uno sepa, el Gobierno no pretende el cierre de chiringuito alguno sino que el tamaño de sus terrazas en los paseos marítimos como el de Pinedo se ajusten a la normativa, como el resto de los establecimientos públicos. Según se ve, la tentación de rentabilizar políticamente los egoísmos sectoriales es insuperable para esta mujer. Paso a paso, el PPCV está consiguiendo que la sociedad valenciana vaya perdiendo paulatinamente el santo temor a las leyes del Estado y a las consecuencias de su incumplimiento. Por favor, apúntenlo en su haber, que el futuro ya nos hará pagar esta actitud con creces, como estamos pagando ahora pasadas permisividades.

Año 2012 o 2014. Empresarios y particulares que pretenden estos meses el alquiler de un despacho/oficina en el centro de Valencia se están encontrando con situaciones cuando menos chocantes a causa de la actitud de algunos arrendadores. Como por ejemplo, el del edificio de la calle San Vicente número 16 que hace chaflán entre la Plaza del Ayuntamiento y María Cristina, cuyos propietarios advierten a los visitantes interesados en alquilar una oficina que el vínculo duraría «sólo hasta el año 2014», fecha en la que la propiedad prevé reformar el edificio para convertirlo en un hotel una vez superada supuestamente la crisis. «Pensaban haber empezado las obras este año, pero con la que está cayendo…», informa el esforzado empleado que atiende a los clientes. Más: el propietario de un magnífico ático dúplex en la calle Ruzafa con Colón explica que el contrato sólo puede tener una duración de dos años. «Después –añade el optimista arrendador– habrá que redactar uno nuevo porque ya se habrá arreglado la crisis y los precios recuperado su justo nivel…» (los hay ingenuos). En todo caso, ambos arrendadores parecían ignorar que la Ley marca un plazo de alquiler mínimo de cinco años para los arrendadores, con un incremento de precios de acuerdo sólo con el coste de la vida y no con la evolución de la economía.

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