Desde que, en Levante-EMV, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar advirtió de las negociaciones entre el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha para llevar a su Estatuto una reserva hídrica de 6.000 hm3, se ha abierto un importante debate sobre la cuestión en el que, si bien los líderes empresariales y sindicales mostraron inmediatamente y sin tapujos su oposición a lo que podría ser un descalabro sin precedentes para el presente y futuro económicos de la CV, los representantes políticos valencianos y de ámbito nacional han empezado a enturbiar la visión del problema con los clásicos reproches más de orden interno que de respuesta a una amenaza futura que se antoja de consecuencias imprevisibles. Están errando el tiro cuando los unos señalan el origen del problema en la gestión de Zapatero y su partido y otros a las contradicciones internas del PP, quien impulsa esta petición a través de su secretaria general y candidata a la Junta de Comunidades castellano-manchega. La sociedad valenciana ya tiene alguna experiencia, pocas, en unir sus esfuerzos. Valga el ejemplo del pacto del AVE. Aunque se ha llegado muy lejos en el blindaje autonómico de los recursos hídricos, perder ahora energías en diatribas partidistas y no concentrarse en el objetivo es contraproducente. Castilla-La Mancha y las direcciones de los partidos deben percibir que no hay nada contra esa comunidad, por supuesto, pero también una unidad social de criterio ante una causa justa y justificada.