Los que van a la cárcel

Camilo J. Cela Conde

Vaya por delante que el corporativismo me repugna como lacra que es para cualquier intento de que la justicia prevalezca. Quede claro que, a mi entender, es lamentable que alguien vaya a la cárcel, ya sea delincuente de guante blanco, robaperas, periodista o político. Pero lo que más cabe desear, por encima de cualquier otro detalle, es que las decisiones a la hora de meter en prisión a una persona sean coherentes con el delito cometido y que, a la hora de someter a crítica esas decisiones, todo interés corporativo se deje de lado.
Las reflexiones anteriores vienen a cuento a raíz de la sentencia del juzgado de lo penal número 16 de Madrid condenando a pena de cárcel al director de la cadena SER y al jefe de los informativos de esa misma radio por haber hecho pública la lista de 78 afiliados al Partido Popular de forma tan irregular como llena de sospechas en el municipio de Villaviciosa de Odón. Aquellos polvos llevaron a los lodos de uno de los episodios más lamentables del transcurrir político de nuestra democracia: el de los dos tránsfugas que, con su voto tramposo, dieron a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
A ningún juez, que yo sepa, le ha preocupado en especial esa estafa a la voluntad ciudadana. Pero al magistrado que ha decidido encarcelar a los dos periodistas que pusieron el dedo en la llaga de las coincidencias inexplicables sí que le inquieta el que se hayan aireado los nombres de los implicados en el chanchullo. Con el agravante de que, en una decisión bien insólita, que puede que no siente jurisprudencia pero que reclama de manera estentórea la necesidad de que se definan mejor los ámbitos de la libertad de información, el señor juez ha determinado que ésta no ampara a lo que sale en las webs de internet.
Aviados estamos si el instrumento por excelencia de comunicación en el mundo de hoy queda en el limbo por lo que hace a las libertades, sin que quede claro cuáles le corresponden y cuáles no. Pero lo que chirría más en esta historia no tiene nada que ver con la defensa que se va a hacer desde los periódicos y emisoras de los dos periodistas condenados. Que la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España hayan salido en su favor, lamentando lo desmesurado e inaudito de la sentencia, es lo de menos: la razón corporativa lo exige. Lo en verdad importante es saber qué opinan los paladines de la libertad que ni son columnistas habituales de la prensa de clara adscripción ideológica ni pertenecen a grupos de presión de sobras conocidos. Lo crucial es que los ciudadanos de este país, denominado de Derecho, digamos lo que pensamos cuando los verdaderos delincuentes, quienes urdieron y perpetraron el vuelco de los resultados electorales amañando afiliaciones, son incluso aplaudidos mientras quienes denuncian esa estafa van a la cárcel. Y cuando digo que debemos decirlo en voz alta me refiero, claro es, a que lo hagamos en el sitio indicado: en las urnas.