La frontera que separa a dos países con la mayor diferencia de rentas y nivel de vida no es la que crea río Grande, sino el modesto foso marino que separa África de Europa, Tánger de Algeciras, España de Marruecos. Casi en lo único en que estarán de acuerdo los políticos españoles es en calificar de enrevesadas y difíciles nuestras relaciones con el vecino del sur, pero la patriota saharaui Aminatu Haidar ya se encuentra en su casa de El Aaiún, bajo situación real de arresto domiciliario. Si ése es el respeto que Rabat puede ofrecer a una de sus disidentes, a una persona a la que se privó ilegalmente de su patria y de su pasaporte, y a una ciudadana amparada por una resolución del Parlamento español, ya pueden imaginar cuál sería el contenido de una autonomía para el Sahara.
La posición española ante Marruecos posee toda la arrogancia de los nuevos ricos y toda la debilidad de los inconscientes. El problema no fue, como decía González Pons, que se aceptara en un aeropuerto español a una «persona indocumentada» (era nuestra refugiada), sino el hábito de ejercer de instancia humanitaria y paraíso vacacional de los saharauis mientras tan generosa disposición nos consuela y ayuda a sobrellevar el compromiso político abandonado: la autodeterminación libre del Sahara. Los diputados del PP tampoco votaron la resolución del Parlamento referida más arriba, no especificaron si porque les pareció floja, demasiado radical, o porque prefieren los desplantes simbólicos pero muy toreros tipo heroico desembarco en Perejil.
Marruecos es un país hermoso y de gran densidad cultural, lleno de posibilidades y de gente hospitalaria, pero, como la mayoría de las naciones árabes y musulmanas, con un gobierno roñoso y caduco que en el caso de Marruecos ofrece, al menos, ciertas dosis de pragmatismo.
Es ante ese gobierno ante quien hay que plantarse –tras Sahara, van Ceuta y Melilla o Canarias–, no ante los numerosos trabajadores marroquíes a quienes frecuentemente pagamos con moneda escasa y despreciativa.