Salud para la democracia

Editorial

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía está empezando a poner las primeras piedras para la futura ley, que regulará el funcionamiento de los ayuntamientos valencianos con alguna que otra innovación llamativa, como la que estipula, al menos en su fase de redacción, que todos los alcaldes, concejales, incluso los miembros de las juntas de gobierno no electos, declaren detalladamente su patrimonio y permitan que se publique en el «Boletín Oficial de la Provincia». El impulso viene determinado por la decisión de Mariano Rajoy de airear estos detalles con el fin de prevenir otros «gürtel» en sus filas, y lo impulsa el conseller Blasco, quien ya ha estipulado, desde su condición de portavoz del grupo de las Corts del PP, la publicación de las propiedades de los diputados. Tales exigencias han de ser recibidas como una buena noticia para la democracia. Lamentablemente estamos descubriendo que por la vía del patrimonio, de la codicia y el deseo de ganar dinero están llegando los últimos escándalos que han sacudido a la opinión pública, y más concretamente, por los ayuntamientos. Declarar los bienes es un gesto democrático saludable, diríamos casi mayor en las corporaciones locales, porque así se eliminarían las sospechas insidiosas que enturbian las relaciones políticas y ciudadanas en las pequeñas y medianas localidades, pero también servirían para detectar inmediatamente los enriquecimientos personales que señalan la prevaricación y la corrupción.