6.000 hectómetros cúbicos

Tal es la mágica cifra con que protegen sus cuencas las autonomías que ceden o pueden ceder agua. Hoy es Castilla La Mancha como ayer lo fue Aragón, cuando incluyó en su Estatuto de 2007 un recordatorio a la resolución que sus Cortes establecieron el 30 de junio de 1992 y que fijó una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3. Una idea reforzada por el artículo 19 del referido Estatuto. Subraya que corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma. Aunque no tan concluyente como se pretendía, el artículo 19 crea un coctel jurídico (Estatuto de Aragón, Constitución, legislación estatal y normativa comunitaria) que marea más que un bloody mary sobrado de vodka.
A nadie, pues, debe extrañar que, al rebufo de Aragón, Castilla-La Mancha pretenda reservar para su uso cuanta agua pueda aunque, claro está, como el Tajo y el Júcar (sus cuencas principales) no suman el Ebro, ha renunciado al pico de 550 hm3, ajustando la reserva a 6.000 hm3, con todo una imponente cifra que conviene poner en contexto. Porque hablamos de un volumen suficiente como para abastecer a cien millones de habitantes, cincuenta veces su actual población. Destinada al riego, triplicaría su superficie actual. Nada parece justificado. Porque si difícil es multiplicar por cincuenta la población, apostar por tan notable crecimiento del regadío tampoco parece razonable. Hoy la agricultura sólo representa un 2,5 % del PIB y, además, los cultivos de la meseta no figuran entre los rentables. Porque si así fuese, ¿cómo explicar la venta a Murcia de los derechos de agua de los regantes de Estremera en particular y del Tajo medio en general habida en los años de sequía?
Así pues, cuando el futuro de las generaciones venideras pasa por gestionar mejor la demanda, cuesta entender estos blindajes. Máxime el caso de Castilla-La Mancha que es, y ya es decir, más singular que el de Aragón y, si se me apura, que el de Andalucía. Porque estas dos autonomías se centran en una cuenca (Ebro o Guadalquivir) mientras Castilla-La Mancha apuesta por controlar las más de las que, en mayor o menor medida, están en su territorio. Que no son pocas. Ubicada en el centro del país, casi todos los ríos (o alguno de sus afluentes) que aprendimos de carrerilla (Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Turia, Júcar y Segura) la bañan. Pero claro, todos parcialmente, de modo que al final las cuencas se trocean cual si fuesen chorizos, imposibilitando la gestión integral del agua.
Pero ningún político autonómico adscrito a las cuencas que ceden o pueden ceder agua (Castilla-La Mancha y Aragón) o reciben y quieren recibir más agua (Comunitat Valenciana y Murcia) renuncia a sus mensajes demagógicos y, por antagónicos, de imposible consenso. Y no lo hacen porque en sus respectivas circunscripciones tales mensajes han evidenciado un altísimo rendimiento electoral. Nadie, pues, con independencia de su credo, abandona esta ceremonia de la confusión tan absurda como irracional y de consecuencias sólo evaluables cuando una nueva sequía tense la situación con hechos y no sólo, como los nuevos estatutos, con dichos.
Y es que cada vez resulta más difícil desenredar tanto enredo. Porque como todos tienen sus razones, aunque nadie la razón, el problema es complejo. Pero resulta indudable que los pasos se están andando en sentido opuesto al que exige el futuro, evidenciándose una vez más lo que hoy más falta nos hace. Políticos con sentido común y responsabilidad, algo aparentemente sencillo pero que en la práctica es como pedirle peras al olmo. Con todo, se aliviarían las tensiones si se comenzara a aplicar el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, en vigor desde el pasado uno de enero. Quien quiera agua, establece, que pague las infraestructuras necesarias para utilizarla. Si así se hiciese, repercutiéndose a los usuarios tanto el mantenimiento de las obras existentes como el coste de las nuevas necesarias para utilizar tan formidables volúmenes, sobraría agua, tanta que los blindajes quedarían en simples brindis al sol. Y cuando en algunos casos estuviese justificado subsidiar el agua, debería hacerse con transparencia y promoviendo la eficiencia. Pero esta historia merece otra reflexión.
La gestión sostenible del agua plantea retos formidables sólo abordables adecuando las estructuras de gestión y la cultura del ciudadano al contexto actual. Maleducando con discursos demagógicos a los votantes y fraccionando las cuencas estamos haciendo justo lo que no se debe hacer. Porque si a los derechos adquiridos a lo largo de siglos se suman los que trae el Estado de las autonomías, los números ni salen ni en el futuro, por mor del cambio climático, saldrán. Por ello, sólo nos queda aprovechar la visita de los Reyes Magos para pedirles la luna. O sea, que nuestros políticos dejen de mirarse el ombligo y actúen con la responsabilidad que los formidables retos que ante sí tienen exigen. Así dejarán de ser la tercera mayor inquietud de los ciudadanos hecho que, por insólito, hasta el mensaje navideño del Rey ha subrayado.