Es ya tradicional que el año se inicie con subidas de precios en aquellos productos o servicios cuyas tarifas están reguladas por la administración, puesto que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado que entran en vigor el 1 de enero de cada ejercicio. Y en esta ocasión, los
incrementos se producen en unos servicios y bienes de consumo básicos que afectan a la gran mayoría de la población. Se trata de la luz, el butano, el tren y los autobuses urbanos de algunas localidades. Pero es que las subidas de precios aprobadas superan en todos los casos con amplitud la previsión de inflación que realiza el mismo Gobierno para este año, fijada en el 2%. Si a esto añadimos que la mayoría de las predicciones económicas realizadas por organismos internacionales y por instituciones españolas de reconocido prestigio vaticinan un ejercicio en el que continuarán las turbulencias y en el que no se espera que las cifras del paro puedan empezar a disminuir, nos encontramos ante una situación compleja que no nos permite contemplar el año con el optimismo con el que deberíamos recibirlo tras muchos meses de crisis. Pa-
ra complicar aún más el panorama, el Gobierno anuncia una subida de impuestos (el IVA reducido y los tributos sobre el capital) a partir de mitad del año para enjugar el déficit público que no va a ayudar a mejorar la economías familiares. Pese a todo ello, debemos confiar en que este año se produzca el cambio de tendencia y comience a mejorar la situación económica.