Cabanyal por decreto

Editorial

La espiral de enfrentamientos que busca el Consell de Camps con el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha llevado al Ejecutivo autonómico a reunirse de forma extraordinaria para aprobar un decreto ley que declare que el plan de Rita Barberá para el Cabanyal no vulnera la protección de que goza el barrio. El martes, la consellera Portavoz, Paula Sánchez de León, aseguraba que, si fallaban los recursos contra la suspensión del plan ordenada por el Ministerio de Cultura, la Generalitat estaba dispuesta a cambiar la protección del barrio a fin de continuar con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Cuarenta y ocho horas después, el Consell se sumergía en una especie de «que recurran ellos» y establecía como verdad inatacable que el plan del Cabanyal es legal, y que lo decide por medio de un decreto ley, que es de mayor rango que la orden ministerial que firma Ángeles González Sinde.
Al estilo Berlusconi, Camps y su Gobierno han decidido que si algo no es de su agrado, firman un decreto y lo cambian. Poco importa ya si hay muchas sentencias judiciales anteriores. Cultura decide por orden y el Consell, por decreto. Con todo, la decisión de ayer ahonda la división institucional sobre la actuación en el antiguo barrio de pescadores y garantiza una nueva ronda de recursos y sentencias. Mientras, caerán más casas a tierra por culpa de los muchos años en los que no se ha actuado de forma decidida. Ni desde Madrid ni en Valencia.