La cifra no es baladí. De las 15.000 denuncias analizadas por los fiscales desde la puesta en marcha de los juzgados de violencia contra la mujer, los fiscales sólo han encontrado indicios de denuncias falsas en dos. La controversia iniciada por el juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, hace unos días, calificando de «perversa» la Ley Integral contra la Violencia de Género por el «mito» de las mujeres que se aprovechan o vengan de sus cónyuges con «denuncias falsas», queda de esta forma desacreditada. Enfocar la aplicación de la norma sobre este aspecto es completamente injusto. Así lo señalan desde la propia Fiscalía de Valencia que advierte, además, del peligro de confundir las absoluciones o los archivos de estas causas con la inexistencia del problema denunciado o que ésta haya partido de una mentira. Se trata, en realidad, de mujeres que, por el riesgo de dependencia emocional o económica que tienen con el agresor, terminan por no ratificar los procedimientos o por retirarlos, procedimientos que en dos de cada diez ocasiones se inician a raiz de denuncias policiales, de médicos o del entorno de la propia víctima. La discusión, por lo tanto, debería centrarse en potenciar las herramientas judiciales, económicas y sociales para evitar que continúen produciéndose más agresiones —en 2009 hubo 55 mujeres muertas— y, en el caso de que ya se hayan registrado, contar con los medios adecuados para proteger a la víctima y facilitarle las ayudas necesarias para que no termime desahuciada o abandonada a su suerte, como ya ha ocurrido en varios casos denunciados en Levante-EMV. El amplio consenso conseguido en el Congreso con la aprobación de la Ley hace más de cinco años debe servir para seguir avanzando en la erradicación de un problema que no remite.